El Gobierno nacional comunicó a la Justicia platense que ya le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución judicial.
La decisión oficial fue comunicada mediante un escrito de la Procuración del Tesoro dirigido al juez federal de la Plata Alberto Recondo, quien ayer había pedido esa información para expedirse sobre una nueva medida cautelar.
En la nota remitida por el procurador (jefe de los abogados del Estado) Carlos Balbín al juez platense, se adjuntó una constancia del Ministerio de Energía con competencia en el tema.
Recondo debe resolver si da curso a una nueva medida cautelar que pidió suspender el nuevo aumento con tope del 400% para consumos residenciales y 500% para comerciales.
El pedido de suspensión del nuevo tope fue formulado por la fiscal federal de La Plata, Ana Russo, basándose en que, al igual que el tarifazo inicial, el tope fue establecido sin pasar por las audiencias públicas que exige la normativa vigente.
«Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio», sostuvo la fiscal en su dictamen en el que pidió la suspensión del nuevo aumento.
El tope fue establecido a raíz de las vivas protestas y el cacerolazo que generó el primer aumento con subas de hasta un 1500%.
Recondo le envió ayer un oficio al procurador del Tesoro para que en 24 horas le informe si el aumento con tope está vigente o no, basándose en declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había dicho que las facturas de gas con los aumentos “hasta tanto no se resuelva el fallo, no hay que pagarlas”.
El Gobierno reiteró hoy ese anuncio mediante una nota del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la que indica que las empresas de gas fueron notificadas de que no deben facturar ningún aumento hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.
Para la Procuración, la resolución final será la que adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que antes de la feria pidió informes al Poder Ejecutivo sobre causas, alcances y localización del tarifazo en un plazo de diez días.
El pasado 7 de julio la Cámara Federal dictó una medida de alcance nacional suspendiendo la aplicación de los decretos de aumentos de tarifas del gas.
La resolución se sumó a un total de 46 medidas cautelares otorgadas por jueces de todo nivel y de distintos puntos del país frente al fuerte ajuste resuelto por el ministerio de Aranguren.
El Gobierno pretendía canalizar todos esos reclamos a través de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal de la Capital, pero la Cámara Federal platense ordenó que le sean emitidos a ella por haber dictado el fallo con alcance general.
Hace dos días, la Cámara platense habilitó la feria para que el gobierno, a través de la Procuración del Tesoro, apele la decisión para que el caso pueda ascender a la Corte Suprema.
Tras la respuesta del procurador Balbín, el juez Recondo quedó en condiciones de resolver sobre el pedido de la fiscal Russo.
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