Era una defensora del medio ambiente amenazada en Honduras, uno de los países más peligrosos de América Latina para los ambientalistas. Berta cáceres, la hondureña que le torció la mano al Banco Mundial y a China
Y este miércoles, a la 1 de la mañana Berta Cáceres, de 45 años, de la etnia lenca, fue asesinada en su propia casa.
Hasta ahora hay 1 persona detenida y otra más bajo resguardo como testigo protegido.
El crimen ocurrió en la ciudad de La Esperanza, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital, Tegucigalpa.
El portavoz de la Policía Nacional de Investigación (PNI), Aníbal Baca, le dijo a BBC Mundo que «entre dos y tres individuos irrumpieron en la vivienda y le dieron muerte».
Es lo que se sabe hasta ahora del asesinato de Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh).
Hasta ahora no está claro el móvil del homicidio. «Es una situación complicada para determinar exactamente lo que pasó, eso van a hacer las investigaciones».
Sin embargo, compañeros de la activista vinculan su muerte con la defensa de recursos naturales y la tierra del pueblo indígena Lenca, del que formaba parte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido medidas cautelares de protección para Cáceres, quien recientemente denunció amenazas en su contra.
Días antes del crimen la activista dijo que cuatro de sus compañeros habían sido asesinados y otros más recibieron amenazas.
La Secretaría de Seguridad de Honduras dijo que la activista se encontraba en una casa distinta a la que se había acordado su vigilancia.
Al momento del ataque estaba acompañada del mexicano Gustavo Castro Soto, miembro de la organización civil Otros Mundos Chiapas, dedicada a la protección de medio ambiente y con actividades contra la minería.
El activista resultó con heridas leves, y se encuentra bajo protección de la policía hondureña.
En abril de 2015 Berta Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el medio ambiente.
Ese mismo mes se revelaba que Honduras registraba el mayor número de asesinatos de ambientalistas por habitante y el cuarto puesto a nivel mundial (Brasil era el primero), con 12 asesinados en 2014.
A fines de febrero pasado el Copinh inició una jornada de resistencia civil, en contra del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca». La represa se construye en el Río Blanco dentro del territorio de la comunidad Lenca.
De acuerdo con medios locales Berta Cáceres y sus compañeros tuvieron un fuerte altercado con vigilantes y promotores del proyecto, quienes según el Copinh agredieron a quienes participaban en una caminata de protesta.
Luego, el 25 de febrero el Consejo denunció que 50 familias lencas de la comunidad de La Jarcia, Guisé, en el departamento de Intibucá, fueron desalojadas con violencia.
Estos hechos fueron el preámbulo de la denuncia que hizo Cáceres sobre el homicidio de cuatro de sus compañeros.
Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos condenaron el asesinato de la activista.
«Este asesinato evidencia la falta de voluntad de las autoridades hondureñas para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos», indicó en un comunicado emitido en París.
En México la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) demandó al gobierno de Honduras que garantice la protección a la vida de Castro Soto y los miembros del Copinh.
Una de las preguntas que más repiten los activistas en Honduras es por qué no funcionaron las medidas cautelares de protección establecidas por la CIDH.
El secretario de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que sí contaba con seguridad.
Image copyrightAFP«Inicialmente le asignamos policías para protegerla, pero ella nos pidió que fuese retirado ese servicio porque le molestaba», dijo a periodistas locales.
Sin embargo, indica el funcionario, cuando ocurrió el crimen Cáceres se encontraba en una casa distinta a la que había reportado a la policía para su seguridad.
El homicidio se perpetró en la colonia Líbano en la ciudad de Esperanza, pero la casa donde se había acordado la vigilancia se ubica en el barrio El Calvario.
La Secretaría y la activista habían acordado una estrategia para aplicar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana.
«Eran patrullajes permanentes en su casa reportada en el barrio El Calvario de la Esperanza, Intibucá«, señala un comunicado de la dependencia.
«De igual manera patrullas de la policía le acompañaban cuando ella solicitaba salir de la ciudad».
La persona que está detenida es un guardia de seguridad del barrio donde se encontraba Berta Cáceres. No se ha informado si tiene alguna responsabilidad en el delito.
El gobierno de Honduras informó además que se establecieron dos equipos especiales para aclarar el asesinato.
El activismo de Cáceres y la Copinh forman parte de la investigación, insiste el vocero de la PNI.
«Todo el entorno en que se movía se está revisando», indica Aníbal Baca. «Es una situación que de hecho tiene que investigarse». BBC MUNDO
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