La Justicia federal intervino el Somu y corrió de su cargo al secretario general, Omar “Caballo” Suárez. La decisión fue tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien sigue varias causas contra el gremialista.
“Sí, la Justicia federal intervino el gremio. Y, bueno… está bien. Apelaré la decisión. Esto es nuestro. El Somu no recibe subsidios, ni ayuda de nadie. No me iré, aunque no pueda adoptar decisiones. Aquí estoy con mis compañeros”, dijo Suárez a la agencia Télam.
Según trascendió, una comisión judicial de cuatro personas integra la intervención, con tres miembros del Ministerio de Trabajo y una del Juzgado. La medida podría extenderse por al menos 180 días.
Un pedido de intervención y separación de Suárez partió el año pasado de directivos del gremio desplazados. Lo acusaron de diferentes delitos y por adelantar un año las elecciones para supuestamente asegurarse un nuevo mandato.
El grupo disidente también denunció que Suárez tiene una red de empresas manejadas por parientes y allegados, las cuales habrían sido beneficiadas a partir de su influencia en el negocio marítimo, la obra social y la Fundación Azul.
Pero la intervención obedece a la causa donde se investigan presuntas maniobras extorsivas que derivaron, además, en el entorpecimiento del tráfico marítimo en el puerto de Buenos Aires.
Canicoba Corral ya había ordenado en 2014 trabar embargo sobre los bienes de Suárez hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos y paralelamente procesó a sus colaboradores, Rigoberto Reymundo Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas.
La denuncia que originó esas medidas data de 2012 y fue presentada por un representante de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALAPRAC), ligada al servicio de remolcadores.
Ese eslabón de la cadena es sobre el que Suárez, según la consideración del juez, habría presionado para obligar a la empresas a aportar fondos a la fundación del gremio. De lo contrario, la entrada al puerto quedaba bloqueada.
Por otra parte, Canicoba también tiene en su poder una denuncia contra por el hurto de flotadores, cascos, tablas, boyas y cables de acero que estaban en el predio capitalino de Vías Navegables y fueron llevados a un emprendimiento privado de Suárez en Corrientes, según consta en la presentación judicial.
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