Excepto en cuanto a la disposición final, la ley indica que el resto del proceso de tratamiento de residuos es responsabilidad de los municipios. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires todavía existen más de cien basurales a cielo abierto
De toda la basura que la Argentina produce anualmente, al menos la mitad va a parar a basurales a cielo abierto. Esto muestra una grave falencia nacional en materia de tratamiento de residuos, una ausencia alarmante de políticas fuertes. La Provincia de Buenos Aires no está exenta de esta realidad, aun cuando existe una ley que regula el tema.
Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 13.592, son competencias de los municipios todas las etapas de la gestión integral excepto la disposición final, la cual es responsabilidad en el área Metropolitana del CEAMSE.
Estas etapas son: generación, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento.
Si bien la ley fue sancionada en el 2006, su reglamentación se realizó recién en el año 2010.
Aún así, en su Art. 6 el texto prevé para los municipios la obligación de la presentación de un programa para la gestión integral.
Estos programas debían lograr en 5 años la reducción del 30% de los residuos con destino a disposición final, “siendo política de estado tender a profundizar en los años siguientes los porcentajes establecidos precedentemente”.
Además, el Art. 9 trata específicamente el tema de los basurales a cielo abierto. Dice que es condición de la aprobación del plan de cada municipio que este tienda a la eliminación de estos lugares, que son focos de infección y contaminación.
La ley también prevé sanciones por incumplimiento, y la posibilidad de que la Provincia asuma las tareas de los municipios que no puedan cumplir, aunque el financiamiento de dichas tareas seguiría correspondiendo al municipio en cuestión.
Es evidente que por ahora la letra carece de espíritu, no porque no se haya avanzado en algunos aspectos sino porque los plazos se han superado totalmente y todavía hay municipios que no cumplen.
Por empezar, son necesarias campañas de concientización, porque en el inicio del proceso es el vecino quien debe separar. Tal vez quepa en un futuro pensar un trabajo mancomunado de los municipios que puedan atender regionalmente el problema, como la ley, en su texto, también prevé.
