El veredicto por el presunto pago de sobresueldos durante las presidencias de Carlos Menem -en el que están procesados el ex mandatario junto a los ex ministros Domingo Cavallo y María Julia Alzogaray, entre otros ex funcionarios- será dado a conocer el 1 de diciembre.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 4, al término de los alegatos expuestos por las defensas en el marco de este proceso, en el que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Carlos Menem sea condenado a seis años de prisión; Cavallo, a cinco; y Raúl Granillo Ocampo y María Julia Alsogaray, a cuatro por el delito de peculado.
Previamente, en una audiencia fijada para el próximo 24 de noviembre, el TOF 4 correrá traslado a la querellla -en este caso a cargo de la Oficina Anticorrupción- y al Ministerio Público Fiscal, de una serie de planteos interpuestos por los abogados de los imputados.
Entre esos requerimientos, consignaron fuentes judiciales, se cuenta un pedido de nulidad de un llamado a testimonial y luego a indagatoria alegada por María Julia Alsogaray, como así también un planteo de la defensa de Granillo Ocampo, que adujo que, en la etapa de instrucción, no se le informó la calificación legal de la conducta reprochada.
Por su parte, la defensa del ex presidente Menem cuestionó la intervención de un juez subrogante en esa etapa.
Una vez cumplido ese paso, está previsto que -entre la audiencia del 24 de noviembre y la audiencia fijada para la sentencia, el próximo 1 de diciembre- tengan lugar las últimas palabras de los procesados.
En este sentido, fuentes judiciales indicaron que tanto el ex presidente como la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray anticiparon que harán uso de ese derecho.
El Tribunal Oral Federal número 4, que lleva adelante este proceso, se encuentra integrado por Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo.
En el marco de este juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían considerado probado que el ex presidente y sus ministros de Economía y de Justicia, junto a la entonces secretaria de Medio Ambiente, «sustrajeron ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula” gubernamental.
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