El ex intendente de San Cayetano, Miguel Angel Stornini, comenzó a ser juzgado ayer en Necochea por la denominada «Causa de los caños».
Está acusado por defraudación al municipio y también se encuentran imputados el ex secretario técnico de la comuna, Rubén Saló; el ex secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Núñez; el ex contador municipal, José Cinalli (fallecido el año pasado) y el comerciante Rubén Morales.
El sitio de Internet del vecino distrito Caynet informó que la primera jornada de debate se desarrolló en el recinto del Juzgado Correccional Nº 1 de Necochea y la acusación fiscal estará a cargo de Roberto Mirada, titular de la Fiscalía Nº 30.
Luego de la presentación de la causa por el juez Ernesto Juliano y la fundamentación de las estrategias del fiscal doctor Mirada y la defensa, a cargo del doctor Adolfo Raggio, que defiende a los ex funcionarios municipales y la doctora Laura Barbafina, que defiende a Rubén Morales, se dio paso a la declaración de los primeros testigos.
En la primera jornada del debate brindaron su testimonio el intendente Miguel Gargaglione; el ex director Vial y luego subsecretario de Producción, José Truelsegaard; el actual secretario Técnico, Luis Pérez; los empleados del área vial municipal Juan Carlos Urlacher, Juan Carlos Azpeitía y Carlos Del Hoyo y el ex delegado del Balneario San Cayetano, Osvaldo Zotes.
Luego de un cuarto intermedio, se retomará la actividad en el segundo día de debate previsto para el próximo jueves 26 de marzo. El amplio expediente que contiene la causa fue iniciado a principios del 2008 en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2, a cargo de Silvia Gabriele.
La página de Caynet recordó en su información que facturas por la compra de combustibles y elementos de librería, entre otros servicios, y el faltante de los tubos de hormigón que se decía que estaban colocados y después se comprobó que no era así, son parte de las anomalías que denunció ante la Justicia necochense el actual intendente Miguel Gargaglione.
El proceso de investigación dio comienzo en 2008 con la intervención de la fiscal Gabriele, mientras que luego intervino el fiscal Mirada. Entre ambas unidades de instrucción se obtuvieron pruebas consideradas suficientes para llevar a juicio oral al ex intendente Stornini y a algunos de quienes eran sus miembros del gabinete.
El proceso judicial se demoró durante bastante tiempo y lo mismo ocurrió con la fecha de comienzo del debate. Inclusive, en todo el camino administrativo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías de Necochea bajó la calificación del hecho dispuesta por la Fiscalía en un primer momento de «asociación ilícita» y la carátula pasó a ser «estafa» contra el Estado municipal.
Noticias relacionadas
