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La justicia federal de Mendoza definirá hoy, a instancias de lo que disponga la Cancillería, si extradita al financista detenido Alejandro Vandenbroele a Uruguay, donde es requerido en una causa por lavado de dinero, o si lo mantiene en el país para que responda ante los tribunales argentinos por el caso Ciccone.

Vandenbroele pasó el fin de semana encarcelado en la sede de los Tribunales federales de Mendoza, aunque comunicado por teléfono con sus abogados y familiares. El juez federal de Mendoza Walter Bento recién recibirá hoy temprano al financista, acusado de presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, para notificarlo de su situación.

Vandenbroele, quien tiene nacionalidad belga y argentina, está arrestado desde el viernes a pedido de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado de la justicia uruguaya que lo investiga hace un año y medio por los orígenes de la empresa Dusbel, de la cual es presidente.

Esa compañía realizó transferencia de bonos al grupo The Old Fund, a cargo del paquete accionario de la calcográfica Ciccone.

El fiscal Juan Bautista Gómez, quien emitió el requerimiento para que Interpol lo busque y detenga, aseguró que tienen «suficientes elementos probatorios como para haber ordenado una captura internacional contra Alejandro Vandenbroele».

Pero, en diálogo con el portal MDZ, dijo que si bien «Vandenbroele todavía no está imputado, hay fuertes sospechas en su contra».

«Debemos ser muy prudentes» con el caso, señaló el fiscal que junto al juez Néstor Valetti pidió dos veces su presencia en los tribunales de Montevideo y no logró que se presentara.

El juez, en tanto, dijo al diario uruguayo El Observador que la Cancillería argentina «observó» un primer pedido de extradición porque no incluía «una orden de prisión», por lo que luego lo reformuló el fiscal Gómez la semana pasada.

El magistrado había indicado el viernes que al estar en Argentina, «que es el Estado que lo procesó, la Justicia argentina tiene la potestad de evaluar si tiene que cumplir la pena en ese país antes de remitirlo a otro Estado».

Valetti aclaró entonces que si era detenido en otro país, debían «enviarlo a Uruguay, siempre y cuando cumplan los tratados internacionales».