Por Enrique de la Calle
El PROCREAR, como otras políticas de vivienda del pasado, se encuentra ante un escollo: la existencia de un mercado de suelo totalmente desregulado.
Ante ese panorama, el Estado se debe contentar con pagar más caro o con construir en tierras de peor «calidad urbana». El caso de Córdoba Capital, donde el valor del suelo se multiplicó por cuatro y expulsó a los beneficiarios del PROCREAR.
El 6 de febrero se realizó un nuevo sorteo de PROCREAR con diferentes líneas de crédito: para construcción, refacción, ampliación y terminación y compra de terreno y construcción. El programa tiene como objetivo realizar 400 mil casas en cuatro años; 200 mil deberían terminarse en 2015.
Según informó Diego Bossio, titular de la ANSES, ya se terminaron 72 mil, mientras están levantando otras 70 mil. Bossio aclaró que en los diferentes sorteos públicos se presentaron un millón de familias. Esos números dan cuenta de dos fenómenos relacionadas: el tamaño del problema y las posibilidades de respuesta estatal.
Del total, Buenos Aires es el distrito con más beneficiarios, con 29 mil (lo sigue Santa Fe con 12 mil). La inversión total prevista, de cumplirse con los objetivos propuestos, se estima en 55 mil millones de pesos. Si se suman otras iniciativas estatales da como resultado que en la década kirchnerista se construyeron o mejoraron más de 800 mil viviendas.
Sobre suelo barroso
Un déficit del actual PROCREAR tiene que ver con un problema que ya estaba presente en otras intervenciones públicas anteriores. Esto es: la ausencia de intervención estatal sobre el mercado de suelo. Así las cosas, las políticas urbanas se quedan rengas al no poder controlar un elemento central, como es el valor de los terrenos.
La ANSES detectó el problema y comenzó a comprar lotes o a movilizar tierras fiscales. Es interesante la propuesta pero limitada: debe hacerse a gran escala, de modo que le permita al Estado convertirse en un actor inmobiliario más. Para eso se requiere de un amplio acuerdo con gobiernos locales y provinciales. En Córdoba Capital, por caso, una ONG formada por beneficiarios del PROCREAR denunció que el mercado “cuadriplicó el valor del suelo”. Con esa restricción, el programa prácticamente no se pudo implementar en la ciudad.
“Lo que hay que poner en agenda es el tema del suelo. Es un mercado totalmente desregulado el de venta de los lotes. De hecho el mismo Estado cayó en la trampa del precio del suelo”, describió la urbanista María Cristina en diálogo con AGENCIA PACO URONDO.
Ante esa desregulación, el Estado pierde en varios sentidos. O paga caro o interviene mal. En el primer caso, transfiere recursos extras al privado que gana solo con aumentar el precio de su propiedad, sin necesidad de inversión (¡que la hace el Estado!). Esos fondos así destinados no estarán disponibles para otras acciones del propio Estado.
Cuando no paga caro, sufre en la calidad de su intervención. El ejemplo claro es el programa federal de vivienda, que construyó más de 200 mil casas en cinco años (2003 – 2008). Necesitado de costos relativamente bajos que permitieran una intervención masiva, el programa debió contentarse con levantar barrios resignando “calidad urbana”.
Uno de los capítulos del libro “Construyendo barrios”, realizado por investigadores de la Universidad Nacional General Sarmiento, analizó la distribución de los barrios sociales en las ciudades del Gran Buenos Aires.
El estudio estableció una “jerarquía urbana” que va de 1 a 10. “Mientras que en el decil 10 la distancia media a la centralidad urbana es de 0,36 kilómetros (4 o 5 cuadras), en el decil 1 la distancia llega a los 3 kilómetros con registros máximos de 30 de kilómetros”, describió.
El 63 % de las viviendas construidas por el Programa Federal se ubican en los deciles 1 y 2 (prácticamente ninguna en los deciles 8, 9 y 10). “Allí donde se encuentran las mejores condiciones generales de calidad de la urbanización parece existir un ‘territorio prohibido’ para la política habitacional”, conluyó el trabajo.
