En un fallo de trascendencia histórica, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo ayer que las personas privadas de su libertad que trabajan deben gozar de estándares como «igual remuneración por igual tarea», percibir asignación familiar, tener licencias, obra social y cobertura por accidentes y la posibilidad de agremiarse y capacitarse, tal como sucede en el mercado laboral extramuros.
La decisión de la Sala II del máximo tribunal penal llegó luego de aceptar un «habeas corpus colectivo» presentado por la Defensoría Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) a favor de una docena de presos de la cárcel de Ezeiza.
Los camaristas Alejandro Slokar, Pedro David y Ángela Ledesma dejaron sin efecto una regulación interna del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) y lo conminaron a diseñar un régimen de trabajo que equipare remuneración y derechos a los que establece el Ministerio de Trabajo.
Así su organización deberá atender a las características del ámbito donde se desarrolla y adaptar el régimen «a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales», sin perder de vista que los detenidos también están amparados por los derechos que otorga la Constitución. «El trabajo digno dignifica al hombre», remarcaron los jueces.
Con un relevamiento estadístico, Casación aseguró que un 59% de los presos en la Argentina no accede a un trabajo remunerado, y que un 80% no se encuentra protegido por los derechos consagrados en la Carta Magna en cuestiones laborales.
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