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Lo hizo el bloque Verde Alameda en la Legislatura porteña, que integran Pablo Bergel y Gustavo Vera, bajo el lema “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”. Dialogamos con Bergel, quien afirmó que la iniciativa buscar revertir la ecuación de 341.000 inmuebles ociosos y 700.000 personas con necesidades habitacionales insatisfechas.

“El proyecto de incorporación de inmuebles ociosos apunta ni más ni menos a cumplir con el artículo 31 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad de 1996, que hasta ahora no tuvo una ley reglamentaria, que dice que la ciudad auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos”, explicó Pablo Bergel a La Retaguardia.

Según datos proporcionados por el legislador a partir de los últimos censos realizados en el país, en 1996 los inmuebles ociosos eran menos de 30 mil, mientras que en el último censo de 2010 se registraron casi 341.000.

“En rigor se trata de 341.000 timbres que no respondieron al censista ese día – aclaró Bergel –, porque no existen estudios específicos al respecto, por lo tanto podríamos suponer que entre esos 341.000 podrían haber consultorios, estudios de abogados, inmuebles dedicados a comercios o profesionales, en una cantidad que no conocemos, de todos modos sí podemos afirmar que con mucho menos de la mitad de esos 341.000, casi diría que con una tercera parte se podrían satisfacer las necesidades habitacionales del total de la población, esto incluye unas 700.000 personas, vecinos de la ciudad con necesidades habitacionales insatisfechas. Sin contar inclusive a las 500.000 que viven en villas, y alrededor de las 100.000 que viven en hoteles, inquilinatos y pensiones, más las personas en situación de calle; y sin contar -porque tampoco se puede estimar pero lo conocemos por experiencia- la enorme cantidad de jóvenes de clases populares y clases medias que no se pueden ir de la casa de sus padres y de familias que habitan viviendas formales propias o alquiladas y viven en condiciones de hacinamiento porque no les da para alquilar o comprar otra vivienda, por ejemplo, para los hijos o viviendas más grandes”.

Para Bergel esta situación implica, por un lado, una violación del artículo de la Constitución, pero también una “contradicción ética brutal, insoportable, intolerable”: “mirar para otro lado cuando hay unas 700.000 personas o más con necesidades habitacionales insatisfechas desesperadas, viviendo en pésimas condiciones, indignas y expulsivas, muchas veces hasta son impulsados por esa misma necesidad desesperada a ocupar tierras, espacios vacíos, y por el otro lado tener 340.000 muebles ociosos. Esto es uno de cada cuatro de la ciudad, 24% del total de inmuebles, con ociosos”.

El proyecto de ley sobre “Políticas de Incorporación de Inmuebles Ociosos” prevé, por un lado, impuestos del 800, 900 y hasta 1.000% del valor actual del impuesto territorial para viviendas que estén ociosas a los seis meses, al año o dos años. También la posibilidad de que el Estado tome a su cargo estas viviendas pagándole al propietario y colocándolas en el mercado, a precio mercado o subsidiado: “además se están proponiendo líneas de crédito blando y otras facilidades para aquellos propietarios que quieran hacer arreglos en viviendas de su propiedad con la condición de que los pongan en alquiler, que los vuelquen al uso, que les den destino.

Lo irracional de todo esto es que, por un lado, produce una violencia ética la contradicción entre 700.000 personas desesperadas en su condición habitacional y la existencia de 341.000 viviendas ociosas. Por otro lado, es un costo económico, social y ecológico ambiental, energético, que la sociedad ya pagó, está claro que ya está invertido sin cumplir ningún uso, ni función.

Acá nosotros estamos incorporando la idea de función social y ambiental de la propiedad que figura en muchísimas doctrinas, entre otras en la doctrina social de la Iglesia”, agregó Bergel sobre el contenido de la iniciativa presentada junto a su compañero de bancada Gustavo Vera.

En relación al tiempo de ociosidad que debe tener una vivienda antes de verse en la obligación de ser alquilada, el legislador especificó: “a partir de los seis meses empiezan a correr los impuestos adicionales. De todos modos, esta es una ley que tiene que ser reglamentada, la reglamentación puede prever formas. Si se incumple la Constitución, se incumplen las leyes, también se puede cumplir o trampear esta y de eso no estamos a salvo.

Pero en caso de trampear será trampa y pasible de castigo, en caso de que se detecte, es un castigo penal. Por otro lado, puede haber muchos propietarios que no se sientan seguros, supongamos que no tienen confianza, han tenido malas experiencias, tienen algún temor de que algún inquilino le pueda romper la casa, podrán entregar el inmueble al Estado para que como intermediario se los administre y les pague a ellos el alquiler y el Estado se haga cargo de cuidarles, administrarles y volcarles al mercado su propiedad”.

Según manifestó Pablo Bergel a La Retaguardia, existen proyectos y leyes similares ya implementados en otros países: “en la práctica, no estamos inventando nada, es más liberal nuestra propuesta que la que existe en países como Holanda, Francia, Alemania, España, aquellos países que suelen ponerse como modelo civilizatorio, todas esas sociedades tienen políticas muy activas, severas respecto de las viviendas ociosas.

En Holanda, por ejemplo, si una vivienda está seis meses desocupada directamente puede ser ocupada por quien tenga necesidad y esa ocupación es legitimada en tanto la mantenga en condiciones.

En otros países hay fuertes impuestos para quienes decidan mantener viviendas desocupadas, o directamente las toma el Estado a su cargo y las vuelca al mercado y le paga al propietario, no la está expropiando. Es una expropiación de uso transitorio, que en cuanto el propietario diga que la va a ocupar, en un plazo determinado se le es retribuida”.

Bergel también se refirió a cómo influirá esta iniciativa, en caso de sancionarse, en el mercado inmobiliario: “si esta ley se aplicara debería bajar el precio de los alquileres, pensemos en volcar 200.000 viviendas que hoy no están en el mercado, al aumentar la oferta debería bajar el costo del alquiler, y también bajaría primero el incentivo para seguir cementando la ciudad con fines especulativos, construir vivienda para especulación.

Del censo del año ’91, donde había 31.000 viviendas ociosas, al censo siguiente de 2001 aumentó a 130.000, y al censo de 2010 a unas 341.000. Quiere decir que se trata de viviendas nuevas, esto fácilmente identificable con especulación inmobiliaria.

Es decir, para la gente que está con problemas de vivienda no se construye, se construye para la especulación inmobiliaria. Si tenemos 700.000 personas con necesidades habitacionales insatisfechas es porque no se ha construido viviendas para ellos; si por otro lado hay 340.000 viviendas ociosas, con ese aumento en veinte años, es porque sí se ha construido pero para fines especulativos”.

El legislador Pablo Bergel y un proyecto que busca torcer el camino de la especulación inmobiliaria y lograr que no haya “ni casas sin gente, ni gente sin casas”.

LA RETAGUARDIA