La Procelac acusó a un grupo de empresas ligadas a la explotación agraria y a directivos e integrantes de las firmas tras analizar los reportes de operaciones sospechosas remitidas a la UIF por cinco bancos y la AFIP. En dos años, operaron por más de 1300 millones de pesos.
El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció a nueve empresas y a cinco personas por asociación ilícita tributaria al funcionar como «pantalla» o «prestanombres» para lavar cereal comprado en negro a productores agropecuarios para luego poder exportarlo. La maniobras se habrían desarrollado entre marzo de 2009 y enero de 2011 por casi 1372 millones de pesos, lo cual permite inferir que el grupo operaba más de 62 millones de pesos por mes. La Procelac no descarta que «a la fecha hayan cesado en la comisión de los delitos que se les imputan».
En la presentación, a cargo del Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, que coordina Juan Zoni, Gonella indicó que la organización se valió de «la creación de sociedades comerciales ficticias», es decir, sin actividad real, o de la adquisición de firmas existentes para «ocultar la verdadera identidad» de los dueños del cereal obligados a tributar los impuestos a las Ganancias y a los Débitos y Créditos bancarios, entre otros.
En ese sentido, el organismo del Ministerio Público Fiscal indicó que las empresas «podrían ser sociedades puente o medios que operarían en el mercado cereal marginal, permitiendo canalizar dicho cereal a empresas exportadores», aunque «también habrían sido utilizadas para canalizar fondos de terceros, que no poseen vinculación con actividades agropecuarias» con el objeto de concretar «servicios financieros ilegítimos». Por ejemplo, la utilización del beneficio de la reducción del impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios de la que gozan las intermediarias de actividades agrícolas.
Tampoco se descarta la incursión en el lavado de activos de origen ilícito, dado que se comprobó la compra de «importantes sumas» de dólares «con fondos provenientes de la acreditación de depósitos de cheques y con transferencias recibidas de otras cuentas entre las cuales existe vinculación con los firmantes», y que no contarían con un respaldo sobre su origen legítimo.
La denuncia de la Procelac es consecuencia de una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en base a los reportes de operaciones sospechosas remitidas por cinco bancos con los que operaba el grupo y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las conductas en las que habrían intervenido incluyen operaciones a través de sus cuentas corrientes bancarias y compra de dólares.
En su presentación, la UIF explicó la maniobra: «el productor les vende en negro parte de la cosecha a acopiadores y exportadores, de manera que todos ellos evitan el pago de impuestos. Es importante señalar, que para poder exportar, las empresas deben dar cuenta de la compra de granos y es allí cuando se utilizan las empresas ‘ficticias'».
«Las estructuras referenciadas -añadió la Procelac en la denuncia- utilizan las cuentas bancarias reportadas con un doble propósito, evadir los impuestos obligatorios ante la A.F.I.P. y efectuar la canalización de los fondos marginales provenientes de sus maniobras delictuales a través de dichas vías».
Los bancos realizaron los reportes en cumplimiento de la ley antilavado, que los considera «sujetos obligados a informar» operaciones inusuales o sospechosas a la UIF. Esa legislación, al mismo tiempo, protege sus nombres públicamente y, por esa razón, aquí no aparecen mencionados. Tampoco, aparecen las denominaciones de las nueve firmas ni de los cinco empresarios para evitar la frustración de la gran cantidad de medidas de prueba que recomendó llevar adelante la Procelac en la denuncia.
En el caso resultó sorteado para intervenir el Juzgado en lo Penal Tributario N°1, a cargo de Javier López Bizcayart, y la Fiscalía Penal Tributario N°2, cuyo titular es Germán Bincaz.
Las maniobras
«La UIF recabó información en relación con cada empresa y persona física, tareas estas que denotaron –en lo sustancial- una falta de correspondencia entre el movimiento bancario, el objeto social de las empresas y la operatoria habitual de éstas», señala la denuncia de la Procelac.
Las operaciones que motivaron a los bancos a sospechar fueron, por ejemplo, cheques depositados en la cuentas de las diferentes firmas que provenían de personas físicas o jurídicas de sectores que no se condicen con la actividad declarada por la empresa, «como también por la compra de moneda en efectivo y/o con fondos provenientes de la acreditación de depósitos de cheques y transferencias recibidas de otras cuentas entre las que existe vinculación».
La AFIP, en tanto, detectó que una de las principales empresas denunciadas efectuó operaciones de compraventa de granos por más de 50 millones de pesos entre agosto de 2009 y el septiembre de 2010, pero que, entre otras irregularidades, tributó 55 mil pesos de impuesto a las ganancias, no declaró bienes registrables -es decir, inmuebles y automóviles- y, si bien declaró que alquila una planta acopiadora, «surgen registros que indican que de la planta de la firma sale cereal, pero no se observan registros que indiquen que ingresa cereal».
En el caso de otra de las empresas, uno de los bancos informó que efectuó compras de moneda extranjera en efectivo «presentando como respaldo documental comprobantes de liquidaciones de venta de cereales entre compañías que se encuentran relacionadas por sus firmantes, sin que exista causa que las justifique». También, indicó que las direcciones de «las liquidaciones corresponden a oficinas ofrecidas en alquiler temporario».
Respecto de las personas físicas imputadas, una de las maniobras para la evasión de impuestos consistió en ocultar en las declaraciones juradas del impuesto a los bienes personales la participación societaria, como socio, accionista o presidente de las firmas en las nueve empresas denunciadas, o, en la declaración de impuesto a las ganancias, las retribuciones que percibía por su calidad de presidente de una de las firmas.
«Asociación ilícita tributaria»
Para la Procelac, estos antecedentes ponen de relieve «el accionar de tres o más personas, que integrarían una organización criminal dedicada a la creación y/o utilización de sociedades comerciales, con el objeto de ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de cuantiosos fondos acreditados y debitados en las cuentas bancarias de estas personas jurídicas».
La Procuraduría resaltó que arribó a esa conclusión porque las pruebas recogidas «permitieron corroborar que existió un importantísimo movimiento de dinero en distintas cuentas bancarias que manejaba esta organización criminal, que no puede ser vinculado a una operatoria comercial real».
En ese sentido, la denuncia indicó que «la diversidad de maniobras, la cantidad de personas involucradas y el período de tiempo en el que ellas se han realizado, así como el carácter de los delitos presuntamente cometidos podría caracterizar al grupo sindicado por la presente como una asociación ilícita tributaria, en tanto se han acreditado contundentes indicios que indican que este grupo de sujetos tuvieron el propósito de cometer delitos previstos por la ley tributaria».
