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Por Gabriel A. Morini

Fueron detectadas enmiendas y agregados entre un pronunciamiento oficial de la causa Báez y el aportado por abogados de ese grupo empresario. El hallazgo apuntala la denuncia por irregularidades por las que podría ser destituido de su cargo.

Los fiscales Adolfo Villatte y Marcelo García Berro, que encabezan la acusación en el jury contra el suspendido fiscal José María Campagnoli, dieron por probado que abogados del Grupo Clarín tuvieron acceso a un «borrador» del dictamen del fiscal en el marco de la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, que no fue el documento oficial que obra en el expediente, publicado el 22 de mayo de 2013. A partir de detectar una serie de correcciones, agregados, enmiendas y diferencias entre ambos documentos –uno aportado como una supuesta copia oficial en una causa civil por el estudio Sáenz Valiente– concluyeron que esa irregularidad, revelada por Tiempo Argentino el 13 de septiembre del año pasado, será uno de los pilares del alegato en el juicio político en el que se solicitará la destitución Campagnoli por mal desempeño de sus funciones.

La prueba documental había sido solicitada al Juzgado Civil Nº 105 por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público a instancias de la parte acusadora en el jury que se desarrolló durante toda la semana pasada contra el fiscal. Ante ese juzgado se había promovido un amparo contra Canal 13 por la difusión del nombre de Edgardo Raúl Levita como vinculado a la trama de lavado de dinero que instruyó Campagnoli.

En el proceso, el abogado Hernán Miguel Frisone incluyó como prueba que su cliente –ARTEAR– estaba amparado en el escrito de Campagnoli que lo mencionaba. Pero el documento que presentó como copia, a primera vista estaba lejos de ser el original que obra en la causa, sino que se trataba de un borrador, sin firmas, con partes de su redacción incompletas y varios puntos con información sensible en blanco.

Esa denuncia fue promovida en la justicia federal por el abogado Jorge Chueco, uno de los imputados por Campagnoli como partícipe de la supuesta extorsión que tuvo como víctima al financista Federico Elaskar, por la venta de la financiera SGI, vértice de la maniobra investigada.

DIFERENCIAS. El «borrador» que presentó el abogado del Grupo Clarín como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ni las firmas de Campagnoli, ni de su secretario Ignacio Rodríguez Varela en cada una de las páginas.

También están incompletas las secciones dispositivas de la investigación del fiscal, donde detalló un entramado empresario que vinculó a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas.

En blanco aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación, los allanamientos, el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas, las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena.

Según Chueco, ese documento «fue un antecedente del dictamen que, luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa».

La seguidilla de testimonios a periodistas y legisladores solicitados por la defensa del fiscal durante las audiencias del juicio político apuntaron a desactivar la posibilidad de que se lo acuse por la filtración a los medios de comunicación de un documento destinado a ser público sólo a las partes.

En todos los casos, se sostuvo que el fiscal no había sido la fuente de información para los datos, que con absoluta precisión se ventilaban en los medios sobre la causa, aun antes de ser comunicados a las partes.

Sin embargo, los fiscales hicieron una minuciosa comparación entre ambos escritos y detectaron que en varios tramos hubo diferencias, correcciones en la redacción, en los signos de puntuación y hasta el agregado de letras y palabras.

PREVIO. La conclusión fue que, más allá de cuál fue la forma en que se filtraron los detalles del expediente y los avances de Campagnoli, de la documentación surge que el escrito que estaba en poder del estudio Sáenz Valiente fue previo al que posteriormente fue presentado en la causa, por lo que no se trató de una copia sino de un borrador que luego fue pulido, corregido y depurado, además de firmado por las autoridades que lo emitieron.

Detalles como palabras con letras invertidas, referencias al pie de página incluidas, cambios en los artículos y en la ortografía de los nombres fueron los indicios salientes después de un análisis realizado sobre los escritos para considerar esta acusación como parte de la prueba en contra del suspendido procurador.

No se pudo probar que las fechas en la que ambos escritos ingresaron fueran cronológicamente escalonadas: el dictamen oficial del fiscal fue el 22 de mayo, mientras que en el amparo civil la abogada Lorena Totino se notificó del contenido que incluía la falsa copia recién después de la feria judicial.

TESTIMONIOS. Pero del testimonio de la abogada de Levita en el jury –que para la acusación fue uno de los más potentes– se infiere que la información contenida en el dictamen de Campagnoli fue filtrada previamente, incluso, a su publicación en mayo. Hizo referencia a las publicaciones de la revista Noticias y de un programa de Canal 13, donde días antes se nombraba de forma anticipada a su defendido como vinculado a la trama del escándalo de la Fundación Sueños Compartidos y también a la causa Báez, relación que estableció Campagnoli, por escrito, en el dictamen que teóricamente no había visto la luz.

Desde la defensa del fiscal, el abogado Ignacio Irigaray relativizó el peso probatorio de ese elemento y destacó que la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que actuó bajo las órdenes del fiscal, recopiló información periodística sobre Levita que ya era pública. «Es justo al revés. No es causa lo de Levita, sino es consecuencia de la información que ya circulaba», sostuvo en diálogo con este diario.

El testimonio en el juicio pedido por la defensa de Campagnoli de la legisladora porteña Graciela Ocaña tampoco despejó dudas, a pesar de que sostuvo que fue la difusora del material que terminó en las manos de los abogados del Grupo Clarín. No pudo definir si el escrito que recibió a su pedido de conocer qué «empresas del exterior» investigaba el fiscal para aportar material a sus denuncias en Suiza y Uruguay por el mismo delito era una copia o un borrador. «Me entregó una copia que estaba testada», sostuvo la ex funcionaria, que siempre mencionó una copia física que fue la que difundió entre periodistas. Sin embargo, los abogados de Sáenz Valiente recibieron un escrito adjunto por correo electrónico.

«Esto no es una caza de brujas. Queremos que sea un juicio donde Campagnoli tenga todas las garantías, donde pueda defenderse y, si eventualmente termina siendo absuelto, será porque es lo que corresponde. Estamos convencidos de que él hizo lo que se lo acusa y dependerá de lo que decida el tribunal que, esperamos, que nos dé la razón», indicó Villatte en diálogo con Tiempo Argentino. PÁGINA/12