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Ayer en la mañana, en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ubicada en calle Yrigoyen al 800, referentes gremiales dieron a conocer una denuncia contra la jueza Silvia Monserrat, a cargo del Juzgado de Familia, por violencia laboral “en los términos de la Ley 13.168”, dirigida contra “integrantes del equipo técnico a su cargo, uno de los consejeros de Familia y una empleada abogada”.

En el marco de una conferencia de prensa, los representantes del gremio judicial se encargaron de brindar los detalles de la presentación realizada ante la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el martes de la semana pasada. Entre varios puntos, solicitan que se investigue a la magistrada, piden preventivamente su traslado, y que sea sometida, tanto ella como el personal afectado, a un peritaje psicológico con el objetivo de esclarecer la situación.

Pablo Abramovich, secretario adjunto de la AJB, explicó que su visita a la ciudad se da a partir de una denuncia que “hicieron trabajadores del Juzgado de Familia de Tandil, denuncia que motivó que la AJB institucionalmente formalizara la semana pasada una denuncia ante Control Disciplinario de la Suprema Corte, denunciando a la jueza Monserrat por haber ejercido violencia laboral en un sinnúmero de casos contra trabajadores del Juzgado de Familia, peritos, funcionarios y empleados administrativos”.

El dirigente gremial remarcó así que “estamos pidiendo que la Corte, a partir de la denuncia de las situaciones que estamos denunciando y los testigos que ofrecemos para acreditar esas denuncias, investigue si realmente se configuró -cosa que estamos convencidos- violencia laboral en los términos de la Ley 13.168, la Ley de Violencia Laboral de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, Oscar Yenni, secretario gremial del sindicato, dijo que “nosotros, una vez radicada la denuncia -que no es una gimnasia del sindicato sino que la hacemos en hechos realmente graves-, la Corte tiene conocimiento de esto, remarcamos que es una cuestión institucional”.

“A partir de ello pedimos como medida de prueba en principio el traslado de los 6 ó 7 compañeros que conforman el cuerpo técnico del Tribunal de Familia, uno de los consejeros, porque son las víctimas en este momento de violencia laboral. Por otro lado, también solicitamos el traslado de la secretaria, sobre quien también la jueza ejerce violencia laboral”, detalló.

“Y también le pedimos a la Corte que evalúe psicológica y psiquiátricamente a la titular del Juzgado porque así como los empleados deben someterse a este tipo de control ante una denuncia, nos parece que también corresponde que aquel que ejerce violencia laboral, pase por Sanidad de la Suprema Corte”.

Consultado sobre cuándo se efectivizarían los traslados peticionados, Yenni indicó que “nosotros entendemos que a la brevedad tenemos que tener una respuesta por parte de la patronal porque no es la titular, porque tiene la magistratura, la que es dueña del personal, sino que nosotros dependemos de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto el patrón nuestro es la Corte y es la que tiene que dar una señal clara y contundente en este sentido, en cuanto a las medidas que estamos solicitando”.

Expuso así que “no podemos darnos el lujo que en estos días se siga maltratando al personal como se lo hace, que estén divididos, unos en la planta alta y otros en la planta baja, y que en definitiva lo que tiene que tomar nota la Corte es que todo esto perjudica el buen funcionamiento del Juzgado, en un fuero que es sensible, en donde hay menores de por medio y que entendemos que ésta es la principal razón por la cual tienen que intervenir inmediatamente”.

El origen de la denuncia

Explicó luego que la denuncia por violencia laboral contra la magistrada se elaboró a partir de una evaluación previa con varias entrevistas a los involucrados, a cargo de un profesional que forma parte del sindicato, especialista en el tema, licenciado en trabajo social, como así también se trabajó con el grupo de abogados gremiales. Finalmente, una vez analizadas las cuestiones, se decidió formalizar esta denuncia ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el martes pasado.

En este caso, detalló que “estamos hablando de maltrato verbal, de ningunear a los compañeros, ponerles sobrenombres, menospreciar el trabajo que hacen, de querer intentar de hacerles firmar a todos para hacer echar a un compañero”, entre otros casos, como el “de sistemáticamente decir `si no te gusta, te vas; o si no te gusta, te hago un sumario´; concretamente apretar a los trabajadores”.

“Esto lo que genera -remarcó- es primero, división en un Juzgado porque algunos se piensan que haciéndole la venia a la jueza en este caso no van a ser sancionados y en definitiva es muy similar a lo que es la violencia de género. Esto es recurrente, entonces vamos a estar trasladando a compañeros -ya se fueron dos- del Juzgado y en poco tiempo. Por lo tanto, vamos a seguir trasladando compañeros, que es lo que no queremos, y la titular, quien ejerce violencia, va a seguir en su función”.

Las repercusiones

Sobre la repercusión de la denuncia en el marco interno del Juzgado de Familia, advirtió que “hasta ahora han tomado distancia a través de la secretaria y de otros funcionarios con respecto al personal involucrado, estamos hablando de la titular. Cuando uno hace esta denuncia, el que es denunciado, hasta ahora se pensaba que tenía las de ganar y que es la persona que puede hacer lo que quiere y que el hecho de tener un cargo de la magistratura da derecho a ser omnipotente con todos, esto no es así y por lo tanto ha morigerado la situación”.

“Los hechos existen -insistió el secretario gremial- por lo tanto no viene de un día sino que viene de 2 años a esta parte, y lamentablemente cuando uno tiene el título de abogado en la facultad no le enseñan ni manejo de personal ni circuitos administrativos de trabajo dentro del Poder Judicial”.

Los casos en la provincia

“Nosotros preventivamente estamos pidiendo el traslado de la jueza que la Corte disponga, de hecho lo hace, de ponerlos como jueces itinerantes o volantes, mejor dicho, en definitiva es el jury de enjuiciamiento y la destitución si entienden que realmente se ha ejercido violencia laboral, esto es todo lo que hay que probar en el medio de una investigación”, concluyó el secretario gremial Yenni.

Por su parte, Abramovich aclaró que “lamentablemente no es un caso aislado el de la jueza de Tandil sino que tenemos decenas de jueces en la provincia de Buenos Aires que ejercen violencia laboral y hasta ahora nosotros tuvimos un antecedente solo de una jueza destituida, en Necochea, a partir también de una denuncia de la AJB, así que le exigimos a la Suprema Corte de Justicia que tiene que dar una señal cuando aparecen casos tan manifiestos como el que tenemos en Tandil, para que los jueces de la provincia piensen dos veces a la hora de maltratar y ejercer violencia sobre el personal”. EL ECO TANDIL