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Por Rucio Sancho

Las asociaciones empresariales periodísticas han puesto el grito en el cielo por el reciente procesamiento de Vicente Massot. La contundencia de la defensa parece expresar algo más que la solidaridad corporativa con un hermano en desgracia. Razón les asiste por aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. 

Hasta ahora el enjuiciamiento de Massot sigue los mismos carriles que los de los restantes empresarios señalados por encontrarse involucrados con la desaparición forzada de sus propios empleados. Pero existen otras causas posibles para imputarle a buena parte de los actores económicos de 1976, cuya iniciación amenaza extenderse como una plaga entre el empresariado superviviente de la época.

El indicio ineludible es la manifiesta hermandad existente entre las declaraciones emitidas por la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) antes y en ocasión del lock-out del 16 de febrero de 1976 y las motivaciones políticas expresadas por la Junta Militar para justificar su asalto al poder el 24 de marzo y el Plan Económico de Martínez de Hoz anunciado el 2 de abril del mismo año, apenas una semana después del Golpe (lo que no revela un alto grado de improvisación, sino más bien su elaboración premeditada con bastante anticipación).

Lo que desde la perspectiva de la investigación histórica y periodística es un hecho cierto, amenaza con instalarse en el ámbito tribunalicio. Un sudor frío corre por las espaldas de la elite económica argentina: la imagen de oficiales de justicia allanando sus oficinas y distribuyendo convocatorias a indagatorias, no ya por la imputación de hechos puntuales relacionados a delegados gremiales y empleados secuestrados, torturados o asesinados (o por apropiación de bienes, como en el caso de Papel Prensa), sino en el rol de autores intelectuales o instigadores de la represión ilegal en el marco del genocidio.

Un giro altamente probable (y necesario) en la estrategia de distribución de responsabilidades emergentes de la última dictadura militar. Si el objetivo final del proceso iniciado con el Juicio a las Juntas es la definitiva eliminación de todas las formas de impunidad y la comprensión por parte de la sociedad de que si bien a los militares (y al Estado) le cabe un alto grado de culpabilidad en la ejecución de la política represiva y en la reestructuración radical de un modelo socioeconómico de país, no es el único sector involucrado en el diseño y su promoción, y mucho menos, el más beneficiado con su instalación. Si en Nüremberg desfilaron industriales y banqueros por su complicidad y aprovechamiento del régimen nazi ¿Por qué no debiera suceder lo mismo en Argentina?

Así como cabe señalar a las empresas y sus titulares alineados en las entidades patronales que convergieron en la APEGE como los autores intelectuales del Golpe y como base social necesaria para su consolidación, no podemos eludir la urticante realidad de que tal base resultaba insuficiente y que para la instauración del terrorismo de Estado como mecanismo disciplinador eran indispensables consensos legitimantes mucho más amplios. A diarios, revistas, televisión y radios les cupo, antes y durante la Dictadura el papel de constructores de esos consensos fomentando la sensación de inseguridad, el hartazgo en las instituciones republicanas y la desconfianza en la salida democrática.

Su accionar fue preciso y contundente. Durante los tiempos en que campeaba la impunidad derivada de los indultos menemistas y la ratificación de la senda del olvido asumida por el delaruismo, Clarín publica una encuesta en la que afirma que más del 60% de los argentinos adhería al postulado de la necesidad del Golpe de Estado, desestimando las opciones electorales e incluso que la operatividad de la “delincuencia subversiva” había sido ya prácticamente desarticulada.  Tan seguros estaban del éxito de las operaciones psicológicas masivas, que el mismo diario el 24/3/1976 describe en tapa como una situación de “Total Normalidad”  que las fuerzas armadas ejerzan el gobierno.

Si la edad y el estado de salud de Gustav Krupp le hubiesen permitido sentarse en el banquillo de los acusados en el primer juicio de Nüremberg, se habría enfrentado a cargos como los de “conspiración” en razón de su activa y consciente participación militante y financiera en el ascenso de Hittler al poder, tan o más grave que aquellos empresarios (incluso su propio hijo) condenados por haber utilizado mano de obra esclava o haberse aprovechado económicamente del régimen. Nada distingue su posición de la de los empresarios que participaban de APEGE.

Nada tampoco permite colegir que buena parte de la prensa local, hegemónica ahora y en el 76, sea merecedora de menores imputaciones que los editorialistas, locutores y periodistas de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas o de la Revista Kangura en Ruanda. El precedente sentado por las largas condenas recaídas por incitación al odio genocida que derivó en la masacre de 1994 debe machacar inquietante (como nunca lo hizo su propia consciencia) en las mentes de varios  adalides monopólicos de la libertad de expresión. Y el fantasma se hizo carne cuando la justicia puso la lupa sobre Vicente Massot.