lunes, noviembre 25, 2024

Derechos humanos, Nacionales

LESA HUMANIDAD: Piden que Magnetto, Mitre y Herrera de Noble sean acusados por «extorsión»

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Lo solicitaron la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos al fiscal a cargo de la causa que investiga la supuesta apropiación de la empresa Papel Prensa.

Pidieron que los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por presunta «extorsión» y «persecución por motivos raciales».

En un escrito entregado al fiscal federal Eduardo Taiano, sus pares de esas dependencias le propusieron pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos, en un listado que incluyó a Juan Gainza Paz y al ex funcionario Raymundo Podestá, según el escrito difundido hoy desde el sitio de internet (www.fiscales.gob.ar) de la Procuración General de la Nación.

Según los fiscales, las víctimas fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera.

De acuerdo a un relevamiento hecho en la causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, el titular de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat y los fiscales Guillermo Friele y Alejandro Alagia elaboraron un «proyecto de dictamen» entregado a Taiano.

Según los fiscales, las víctimas fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al «director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá».

Auat, Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble «haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores».

«La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados» la empresa Papel Prensa S.A., «que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país», sostuvieron.

Para los acusadores, hubo un «desapoderamiento extorsivo» de la empresa del que participaron Magnetto, Mitre y Podestá, los dos primeros como compradores y el tercero como miembro del gobierno militar en el marco de un «plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios».

Gainza Paz y Herrera de Noble deberían ser indagados como «partícipes de la maniobra: el primero, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas; y la segunda, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación», sostuvo el equipo de fiscales. «La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes», agregaron en el escrito que deberá ser considerado por Taiano, quien como fiscal natural de la causa tendrá la última palabra al respecto.

En la causa penal comenzó ya una pericia contable para determinar si las acciones de la empresa se transfirieron a precio vil; en tanto Ercolini ordenó una ronda de declaraciones testimoniales.

Los fiscales aludieron a una reunión el 2 de noviembre de 1976, tras el fallecimiento de David Graiver el 7 de agosto de ese año, convocada por los empresarios de medios y a la que acudieron miembros de la familia y apoderados, como Rafael Ianover.

Según la acusación, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, «fue intimidada por el imputado Magnetto que le `ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya también` y así suscribió `muchos papeles`», según su testimonio.

Ianover, a su vez, dijo haber firmado los documentos de venta  ante «el temor y el terror que vivía en ese tiempo» a ser secuestrado.

«No conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia», indicaron los fiscales.