La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la decisión del juez Coleffi de mantener la libertad del director del diario La Nueva Provincia. El tribunal de alzada señaló que «no existen indicios» para suponer que «intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el normal desarrollo de la investigación». El empresario será indagado este jueves acusado de homicidios, torturas y secuestros.
La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó la resolución del juez subrogante Álvaro Coleffi de mantener la libertad del director de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, quien será indagado desde mañana a las 8.15 por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
Los jueces Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes sostuvieron que «no existen indicios suficientes que hagan suponer que de continuar de libertad el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el normal desarrollo de la investigación».
De esa forma, los camaristas rechazaron el recurso de apelación de los integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, contra la decisión de Coleffi de mantener la libertad de Massot de cara a la indagatoria de mañana.
Candisamo Mera y Planes hicieron suyos los argumentos del juez de primera instancia, quien fundó su resolución en la voluntad que tuvo Massot de presentarse espontáneamente, en el «conocimiento público que deriva de su persona», en el arraigo y «permanencia en el país extendida en el tiempo» y por su radicación en un domicilio donde se lo pudo notificar personalmente. No obstante, Coleffi ordenó que el imputado no pueda salir del país.
Massot será indagado mañana porque, de acuerdo con la imputación de la fiscalía, se cuentan con elementos que permiten acusarlo de haber instigado, determinado y prestado «aportes indispensables para la concreción material» de los homicidios en 1976 de los trabajadores gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, y de haber encubierto a sus autores inmediatos. También se le imputa haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad”, en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas, en el marco de una asociación ilícita de los medios periodísticos del grupo La Nueva Provincia con el Ejército y la Armada.