Mientras el sindicalismo oficialista vuelve a la carga con la Negociación Colectiva para los Municipales, los intendentes se plantan con un “no” rotundo. El Ejecutivo, en tanto, ofrece un proyecto intermedio, que intenta bajar la pelea interna que se ha desatado
“Estas son cosas de intendentes, que las resuelve el intendente; que los demás no se metan”, dijo un ex jefe comunal que hoy ocupa una banca en la Cámara Baja. Su frase tuvo la mirada aprobadora de otros ex caudillos que hoy comparten con él el bloque de diputados del FpV.
El problema es que en ese grupo se encuentran quienes se paran en la vereda contraria, y promueven la incorporación por ley de paritarias municipales, en un marco provincial. Son aquellos que representan a la rama gremial, quienes vuelven a la carga con el viejo reclamo, que tiempo atrás, cuando era diputado provincial, había presentado el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García; que luego fue reproducido por el entonces legislador Jorge Mancini (moyanista del Sindicato de Trabajadores de la Ceamse); y este año es retomado por Hernán Doval, el joven diputado y representante de Fesimubo.
Aunque los proyectos nunca fueron idénticos, siempre conservaron la misma intención: dar mayor cobertura legal al trabajador, diluir el poder absoluto que hoy tienen los jefes comunales y, por ende, trasladar a los gremios una mayor facultad de representación. Pero a la discusión, que comienza a tomar temperatura, se le suma una tercera pata, la del Ejecutivo, que, a través del ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, presenta su propia iniciativa.
Podría decirse que esta propuesta marca un punto intermedio, y tiene la intención de establecer las paritarias, sin que esto altere el semblante de los jefes comunales.
Propuestas
El diputado Doval, de la rama sindical más dura, presentó un proyecto de ley que contiene dos reformas: por un lado, modifica el estatuto del personal municipal (ley 11.757), y por el otro, incorpora la negociación colectiva. En líneas generales, los cambios significan la restitución del tres por ciento de antigüedad, reformas en el período de prueba, la quita de la figura de disponibilidad absoluta y transformaciones en el sistema de licencias. Respecto de las paritarias, establecen dos niveles de negociación, que se articularán entre sí. Uno, provincial, “aplicable a todas las municipalidades y todos los trabajadores que en ellas se desempeñen”, según indica el proyecto en el inciso a) del artículo 101. El otro, regional, “aplicable únicamente al municipio de que se trate y los trabajadores que se desempeñen en dicho ámbito” (inciso b del mismo artículo).
En el primer caso, la representación del empleador estará dada por ocho representantes que designarán los intendentes, “cuatro en representación del Conurbano, La Plata, Berisso y Ensenada y cuatro en representación del interior; y aparte uno por el Ejecutivo” (art. 102). En el caso local, la representación será del intendente, o quien éste designe. En ambas circunstancias, la contrapartida del empleado estará representada por las entidades gremiales con personería gremial vigente, y deberán acreditar un mínimo del diez por ciento de los afiliados del total de los trabajadores del ámbito que se quiere representar. El punto duro de esta propuesta es la atribución que tiene la negociación marco, de carácter provincial, que establece las “condiciones relativas a la jornada de trabajo y el salario mínimo” (art. 105), que regirán en todos los municipios. Para los jefes comunales esto significa una clara injerencia en la autonomía municipal.
Con relación a la propuesta del Ejecutivo, se trata de dos proyectos: uno que modifica la ley 11.757 y otro que fija las paritarias.
En el primer caso se modifica el período para adquirir estabilidad a un plazo de seis meses y se deroga las normas que contemplan la disponibilidad absoluta. Respecto de los salarios, se reconoce la inequidad entre los sueldos de la Provincia y los municipales, por lo que se determina que el sueldo municipal “no podrá ser inferior a un porcentaje de salario mínimo vital y móvil vigente en ese momento para una jornada laboral normal de seis horas diarias o treinta horas semanales”.
Podría ser del 70 por ciento, aunque ese número formará parte de la negociación al momento de tratar el proyecto.
También se modifica el régimen de licencias, adecuándolo a las normas de la Provincia, y se pide que se vayan eliminando de forma progresiva las sumas no remunerativas y, posteriormente, las no bonificables. Además se incorpora el derecho del personal a agremiarse de acuerdo a lo que fija la legislación vigente.
En lo concerniente al tema de la antigüedad, uno de los puntos conflictivos, se permite a los intendentes que establezcan ese porcentaje en función de la condición económica financiera de sus comunas, pero se les pide que vayan adecuándola al tres por ciento, que tuvieron los trabajadores municipales antes de 1995 (fecha en que se modificó el estatuto para poner en marcha la ley 11.575, que bajó de 3 a 1 el porcentaje de antigüedad).
Finalmente resulta interesante observar que las tres iniciativas en discusión (una de los gremios y dos del Ejecutivo) que representan concepciones diferentes -ya que una quita poder a los jefes comunales y lo traslada a los sindicatos, en tanto las otras, aunque generan cambios, no restan facultades a los intendentes- hayan sido presentadas por el oficialismo y se estén discutiendo en el seno del bloque del FpV.
Esta semana, los diputados oficialistas que fueron intendentes se reunieron para discutir la situación. El ex jefe del bloque Juan de Jesús, ofició de moderador, con la intención de ver si al menos puede aprobarse este año una versión cercana al proyecto del gobierno.
“Una de las principales doctrinas del peronismo es la defensa de los derechos de los trabajadores, no podemos seguir haciéndonos los distraídos”, coinciden algunos representantes del bloque oficialista.
La pelea se desató, y se manifiesta en la presión que comenzaron a ejercer los gremios municipales, con amagos de futuras movilizaciones, y el lobby que iniciaron los jefes comunales oficialistas. Una discusión que, por ahora, se acota al FpV.
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