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Un proyecto legislativo impulsado en la Cámara de Diputados bonaerense propone crear el Organismo Provincial de Viviendas en Locación con el fin de amparar a los inquilinos y hacer cumplir con la Ley de Locaciones Urbanas.

La iniciativa, impulsada por la legisladora del Frente para la Victoria Valeria Amendolara, propone crear un ente autárquico, que tendrá asiento en La Plata y en las localidades que constituyan sede de Departamento Judicial como Necochea.

En ese sentido, establece la intervención del Estado que hará las observaciones, sugerencias, adecuaciones o correcciones que correspondan a fin de monitorear el cumplimiento de la Ley Nacional N° 23.091 de Locaciones Urbanas (conocida como «Ley de Alquileres») y los artículos del Código Civil relativos a esta temática.

«El organismo expenderá un certificado de aptitud obligatorio para el que se tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, la aprobación de planos correspondientes por parte de las autoridades locales competentes y las condiciones de ventilación y luminosidad adecuadas a los estándares exigibles a una vivienda confortable y las de seguridad», según explicó Amendolara.

La diputada aclaró que «la intervención mencionada será a instancia de las partes, en forma conjunta o indistinta, y concluye con la constancia rubricada, en el contrato, de su homologación» y detalló que «la falta de intervención del contrato determinará la aplicación de sanciones».

En ese marco, se plantea además la creación del Registro Público de Contratos de Locación donde deberán registrarse y homologarse los contratos que se celebren.

Amendolara dijo que «son diversos los problemas que se encuentran las personas que se disponen a alquilar una propiedad y la vulneración de derechos se da, en general, en todas las instancias».

«Desde la reserva del inmueble, pasando por la firma de los contratos que suelen tener cláusulas prohibidas por la Ley Nacional, hasta los problemas para rescindir el contrato», aclaró.

Subrayó que «una de las prácticas que se pretenden desterrar es que los costos del contrato recaigan en su totalidad sobre los inquilinos, honorarios, timbrados, averiguaciones, entre otros».

La iniciativa parlamentaria -según se informó- invita a los municipios a que creen oficinas que se ocupen de dar asesoramiento legal en la relación entre el locatario y el locador y ofrece una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre las partes.

Además, se encargará de recibir reclamos de inquilinos hacia propietarios y/o inmobiliarias derivados de los contratos de locación y quejas suscitadas en el ámbito del consorcio entre los consorcistas y los propietarios.

Según los datos que se desprenden del censo 2010, de los 4.800.000 hogares de la provincia de Buenos Aires, 700 mil son hogares alquilados, lo que representa un 14.6% del total.