En diálogo con Cynthia García, el periodista fue consultado sobre la presentación del proyecto para investigar los delitos económicos durante la última dictadura y se sumó al debate en torno a los linchamientos.
En el programa A cara lavada, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales dio detalles sobre la iniciativa del diputado Héctor Recalde que busca investigar “el diseño de la política de persecución criminal de aquella época” y dijo que el proyecto “es un avance” y “ un paso muy importante” en la búsqueda de la justicia.
Verbitsky analizó los años posteriores a 1983 y dijo que “debido a la debilidad de la democracia luego de los años de la dictadura” no se pudo ir a fondo en la búsqueda de la verdad y recién “a partir de 2003, con el primero gobierno de Néstor Kirchner, la democracia argentina se pone los pantalones largos y comienza a indagar en otros tipos de responsabilidades, tanto en los años de la dictadura como en las conductas posteriores de los grupos económicos”.
“Podríamos fijar el año 2003 como un punto de inflexión porque los primeros 20 años de la democracia argentina fueron tutelados por los poderes económicos que autorizaban o denegaban la autorización para avanzar en determinadas políticas”, señaló el periodista.
Consultado sobre la posibilidad de una reforma judicial dijo que el planteó que “es imprescindible” y agregó: “Yo veo que se están planteando las cosas muy mal porque lo que se está planteando que los jueces no tienen que aplicar la ley y la constitución y tienen que dejar detenida a cualquier persona por cualquier delito. Eso no es una reforma de la justicia eso es una perversión de la justicia”.
Respecto a la seguridad en la provincia de Buenos Aires y la decisión del Gobernador de declarar la emergencia de seguridad afirmó que “esa decisión de Scioli es más de lo mismo” y aseguró que “mientras no se adecente la policía bonaerense simplemente va a haber más facultades para una organización delictiva que está enquistada en la Policía de la provincia de Buenos Aires”.
El Presidente del CELS detalló: “La emergencia de seguridad significa dos cosas: por un lado reconocimiento de que existe un problema. En el caso de Scioli no se puede decir que recién ahora lo reconoce porque hace años que viene hablando de ese tema en forma permanente y adoptando una forma de política en forma permanente.
Esas políticas que ha adoptado durante estos años, son las mismas que está proponiendo ahora, no son distintas. Y la declaración de emergencia la otra cosa que significa es que le libera la mano para hacer contrataciones directas sin necesidad de licitación, comprar y contratar sorteando los procedimientos administrativos normales”.
Respecto a “la creación de 10 fiscalías contra el narcotraficante en una provincia que no tiene a su cargo la persecución del narcotraficante porque ese es un delito federal que está a cargo de la justicia y de las fuerzas de seguridad federales. Simplemente va a crear una inflación burocrática sin sentido”.
“La reincorporación de personal del servicio penitenciario y de la policía bonaerense se ha anunciado con bombos y platillos pero nadie se ha puesto a pensar todavía en qué consiste”, dijo y se preguntó: “Qué retirados van a reincorporar: gente que se retiró porque termino sus treinta y tantos años de carrera y ya no está en condiciones ni física ni psíquica de volver a la actividad; gente que se retiró siendo joven porque no tenía interés en seguir esa actividad porque tenía otras oportunidades en la vida se lo hace perder la ocupación que tiene actualmente para obligarlo a prestar servicios en una comisaria; gente que siendo joven se retiró porque participó en actos administrativos irregulares o incluso en la comisión de delitos y fue por eso exonerada”, dijo.
