Sharing is caring!

La Procuración Penitenciaria en asociación con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, realizó una exposición oral sobre la situación de tortura en las cárceles federales ante el plenario de la 25° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el pasado 11 de marzo.

Los organismos expusieron ante el Relator Especial sobre tortura de la ONU y organizaron un espacio de debate junto con el experto internacional Juan Méndez, y el Secretario General de la APT, Mark Thomson.

Se expuso con preocupación los datos de los casos de tortura en el país y su práctica como herramienta de gestión carcelaria. También se puso de relieve la falta de implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la mora del Estado Argentino en la remisión del informe periódico que debiera haberse presentado al Comité 6 años atrás.

Posteriormente, ambas instituciones argentinas desarrollaron la jornada “Legitimación de la tortura en democracia. Estrategias para su erradicación”, con el objetivo de generar un espacio de debate en torno a los usos de la tortura en el mundo actual y la funcionalidad que esta práctica brinda a los Estados.

En el evento en el que participaron diplomáticos, expertos independientes, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos de distintos países del mundo, disertaron el Relator Especial sobre Tortura, Juan Méndez, el Secretario General de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Mark Thomson y el Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo. Moderó la mesa el Co-Presidente de la APDH, Dr. Horacio Ravenna, con el apoyo técnico de la Licenciada Mariana Sheehan, Jefa de Relaciones Internacionales de la PPN.

Los expertos abordaron diversos aspectos de la problemática y mencionaron la necesidad de implementar estrategias de prevención ampliando el escrutinio de las cárceles por parte de la sociedad civil y creando un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura independiente y autónomo.

También se destacó la alarmante tendencia de creación de cárceles privadas y la necesidad de establecer medidas de atención a las víctimas. Al mismo tiempo se reflexionó sobre las prácticas estatales que vienen a legitimar el uso de la tortura en democracia, tal como sucede con el uso de la información extraída por medio de la tortura como evidencia en el marco de los procesos legales.

Motivados por continuar el trabajo en la articulación de esfuerzos y estrategias en la lucha contra la tortura, se mantuvieron distintas reuniones con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y expertos del Subcomité para la Prevención de la Tortura.