Ante la amenaza cierta de destitución, ya son dos los intendentes que encontraron en la Justicia una aliada para garantizarse la Gobernabilidad. La reforma de la Ley Orgánica, ampliamente demandada, espera la decisión política de Scioli para avanzar.
Cuatro son, desde la renovación de sillones de 2011, los intendentes que debieron afrontar, con distinta suerte, procesos de destitución en la Provincia. Blas Altieri, en Pinamar, duró menos de un año en el cargo y Horacio Tellechea se sostuvo en Necochea apenas un poco más. Los dos que le siguieron, Pablo Guacone, en San Pedro, y José Inza, en Azul, parecen haber encontrado el salvoconducto para atravesar tempestades en el Deliberativo local.
Actualmente, la Ley Orgánica de Municipalidades, sujeta a críticas por su supuesta obsolecencia en más de un tema, prescribe que con dos tercios de las voluntades de un Concejo puede crearse en ese ámbito una comisión con facultades para pedir la destitución de un intendente. La misma mayoría calificada es necesaria para hacer operativa esa opción, aunque cabe también la posibilidad de suspender e incluso de absolver de culpa a un intendente investigado.
En tiempos de descomposición de las fuerzas tradicionales, y de proliferación de alianzas transitorias en lo político, interrumpir el mandato de un intendente parece más factible que tiempo atrás. La notable avanzada del FpV en 2011, cuando recuperó para su signo político decenas de distritos, y el estrepitoso fracaso de 2013 con un retroceso de similar magnitud, configuran hoy un tablero en el cual muchos reyes deberán llegar a 2015 con sus defensas diezmadas.
Sin embargo, una luz de esperanza asoma para los intendentes, que recurren a asesoramientos técnicos de alto nivel para reparar en la “letra chica” y conseguir impugnar la labor de las Comisiones que afilan el cuchillo.
Con la escupidera en la mano, Pablo Guacone consiguió, en junio, y de la mano de la jueza María Isabel Fulghieri, del Departamento Judicial de San Nicolás, una medida cautelar con el objetivo de “materializar el acceso a la justicia”, por la cual pidió, además, las actas de las sesiones para dictar la cautelar definitiva. Así, el mandamás sanpedrino garantizó su gobernabilidad, y extendió su mandato al menos dos meses respecto del que hubiera sido su fin de prosperar la labor de la Comisión.
En Azul, José Inza replicó la medida. Sobre la chicharra, embocó un triple salvador: tras la presentación para “no innovar”, realizada por el propio intendente, y a apenas media hora del comienzo de la sesión definitiva en la que la Comisión Investigadora, donde casi con seguridad se iba a proceder a suspenderlo, la Justicia dio el “sí” y congeló la jugada destituyente.
Su abogado explicó la falta en la que incurrió el Concejo, al no proveer la prueba ofrecida por el intendente. “El Concejo debía ofrecer y proveer que esa prueba se haga a través de la Comisión; no lo hizo, por lo tanto la decisión que tomó el juzgado interviniente fue suspender el procedimiento hasta que se corrija la falta de producción de la prueba que no se permitió”, narró, a INFOCIELO, antes de pedir que la LOM “sea más precisa”, ya que actualmente “se cree que el procedimiento es estrictamente politco, que lo politico contradice lo jurídico y eso no es correcto”.
No parece casual que todos los intendentes investigados hasta la fecha pertenezcan al kirchnerismo y aliados. Atentos a esto, desde el FpV intentaron a lo largo de 2012, hacer más riguroso el procedimiento de destitución. Los argumentos técnicos se basan en que son demasiadas las facultades de los Concejos y muy escasas las restricciones para terminar con un mandato ungido por el voto popular.
La reforma parcial de la Ley Orgánica promovida por los senadores Fioramonti, Martini y Sorchilli levantó polvareda pero se aprobó en la Cámara Alta. En Diputados no ha corrido la mejor suerte, y se encuentra actualmente empantanada en el trabajo de comisiones.
La reforma integral de la Ley Orgánica es una promesa dilatada de la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, quien aseguró esta semana que “La ley está terminada y cuando el Gobernador la considere propicio va a ser presentada a la Legislatura para el tratamiento”. Mientras se espera esa decisión política, los Jefes Comunales encontraron el salvoconducto en las palabras de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo dijo la Presidenta: “una cautelar y un vaso de agua no te lo niega ningún juez de la Argentina”.
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