El proyecto que avala las investigaciones en humanos en Costa Rica dio un paso esta semana al recibir una primera votación positiva en el Congreso, pero aún enfrenta la oposición de varios sectores que consideran que no existen controles suficientes.
Con este proyecto llamado «Ley Reguladora de Investigación Biomédica» impulsado por el Gobierno, se pretende reactivar los ensayos clínicos en seres humanos dirigidos a desarrollar medicamentos, vacunas y dispositivos médicos.
Para su entrada en vigencia, la ley requiere de una segunda votación, cuya fecha es incierta, pues algunos diputados enviaron el pasado miércoles una consulta a la Sala Constitucional para determinar si tiene algún roce con la carta magna.
Fue la misma Sala la que en 2010 prohibió este tipo de investigaciones debido a los débiles controles y regulaciones con las que contaba el país.
El presidente del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC), Guillermo Rodríguez, afirma que esta legislación es «un gran logro» para Costa Rica en la búsqueda de recuperar protagonismo en el ámbito de la investigación.
«Durante el tiempo en que estuvimos ausentes perdimos el liderazgo en investigación a nivel latinoamericano. Pasamos de ser un país líder, a ser el único en el que era prohibido investigar», manifestó Rodríguez.
Según datos del ICIC, tras la prohibición de las investigaciones biomédicas se perdieron 200 empleos y 196 proyectos de investigación fueron cancelados o no se pudieron iniciar.
«Sin la investigación en seres humanos no tendríamos vacunas, medicamentos ni dispositivos médico-quirúrgicos para tratar los padecimientos. La expectativa de vida del ser humano aumentó en 15 años gracias a los descubrimientos y los avances logrados por la investigación clínica de los últimos 50 años», aseguró Rodríguez.
El gobierno costarricense apoya el proyecto de ley pues considera que potenciará el crecimiento científico y empresarial del país «con estricto apego a la normativa internacional y orientada a la promoción de la salud y la dignidad humana», señaló un comunicado oficial tras la primera votación en el Congreso.
Sin embargo, grupos políticos de oposición presentaron una consulta a la Sala Constitucional, pues consideran que la ley no cuenta con controles suficientes sobre los ensayos y contiene faltas éticas.
La ley establece al Consejo Nacional de Investigación en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como ente fiscalizador de los ensayos, pero los opositores a la ley consideran una falta ética y de independencia que los interesados en investigar paguen a ese ente un canon establecido en la legislación.
La diputada del Partido Acción Ciudadana, María Eugenia Venegas, ha sido una de las más férreas opositoras al asunto, y ha dicho a los medios locales que la ley «está hecha a la medida de los intereses de la industria farmacéutica».
Según la consulta enviada a la Sala Constitucional, la ley no regula adecuadamente la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud relativa al genoma, el proteoma y las células madre que permite la experimentación en personas discapacitadas, con la autorización de su representante legal.
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) asegura que ni los diputados ni el Gobierno tomaron en cuenta sus recomendaciones sobre el proyecto y considera que viola los derechos humanos de las personas con discapacidad.
La Ley «genera situaciones de vulnerabilidad y vacíos legales, que originan que ciertas personas sin capacidad para consentir su participación en una determinada investigación sean sometidas a este tipo de estudios con la aprobación de un tercero», indicó el CNREE en un comunicado.
Según el ICIC antes de la prohibición en Costa Rica se desarrollaron unas 200 investigaciones clínicas, las cuales derivaron en la creación de unos 25 medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el asma, la hipertensión, el cáncer, la diabetes y el VIH.
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