El demorado juicio oral por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976 durante la dictadura cívico militar, comenzará el próximo lunes 4 de noviembre en La Rioja contra dos de los cinco represores imputados originariamente, ya que tres de ellos fallecieron.
De esta forma, desde el lunes serán juzgados el multicondenado represor Luciano Menéndez y el comodoro Luis Estrella, por homicidio calificado y asociación ilícita agravada.
En tanto, los otros tres acusados en la causa, Jorge Albano Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero fallecieron por lo cual se les declaró la extinción de la acción penal.
El tribunal estará integrado por José Camilo Quiroga Uriburu como presidente y los jueces de Cámara Subrogantes Carlos Julio Lascano del Tribunal Federal 1 de Córdoba y Juan Carlos Reynaga del Tribunal Federal de Catamarca.
Por el Ministerio Público actuarán los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes; los querellantes serán Miguel Angel Morales por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca Los hechos que se ventilarán ocurrieron el 4 de agosto de 1976 cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, regresaba desde la ciudad de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados y que pertenecían a su diócesis Carlos Murias y Gabriel Longueville.
Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando a la altura de Punta de Los Llanos (100 kilómetros al sur de la capital), según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco que supuestamente era un Peugeot 504 se cruzó por delante de la camioneta lo que provocó que la camioneta saliera de la ruta y volcara.
Producto del vuelco, Angelelli salió despedido y falleció prácticamente en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca.
Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico.
Esa versión dictatorial, aceptada durante años por la jerarquía eclesiástica, pretendía que Angelelli y Pinto se accidentaron.
No obstante, Pinto declaró que después del vuelco, tras haber permanecido inconsciente en el lugar, vio el cuerpo de Angelelli a poca distancia con signos de lesiones graves en la nuca.
La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas.
Durante la instrucción de la causa, se estableció que Angelelli fue asesinado porque, desde julio de 1976, investigó por cuenta propia los homicidios de Murias y Longueville.
Cuando fue asesinado, el obispo llevaba una carpeta con importante información sobre el asesinato de los dos sacerdotes, que responsabilizaba por el crimen a represores de la dictadura, en especial militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical.
El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito.
Archivada durante la dictadura, la causa por el asesinato de Angelelli fue reabierta en 1986 en La Rioja, pero se frustró a raíz de las leyes de impunidad, derogadas recién en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Reabierta en 2009, María Elena Coseano, sobrina del obispo asesinado, se presentó como querellante en la causa junto con el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación.
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