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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso (IDESA)

La agudización de la crisis en las finanzas provinciales desnuda las profundas inconsistencias fiscales acumuladas. El gasto público ha crecido mucho más que la economía de la mano de precios internacionales inéditamente altos, multiplicación de impuestos altamente distorsivos y políticas laborales encarecedoras de la contratación de mano de obra. Aunque la crisis se exterioriza en las provincias, el problema es de organización de todo el sector público. Para superarla, hace falta una transformación estructural del Estado, incluyendo una mayor descentralización de los recursos públicos siguiendo los criterios que fija la Constitución Nacional.

Las finanzas provinciales nuevamente están a un paso de la explosión. Apenas se aletargó el ciclo de bonanza iniciado en el 2004, se explicitan los problemas históricos de las provincias para atender la multiplicidad de demandas que genera la gestión de los servicios sociales fundamentales, como la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia, la asistencia social y las obras de infraestructura. Sólo con diferencias de matices, prácticamente la totalidad de las provincias están en una situación donde les queda poco margen para evitar la emisión de cuasi-monedas. En paralelo, aunque la Nación se apropió de la mayor parte del fuerte aumento de la presión impositiva que se dio en esta década y de la estatización de los aportes previsionales, tampoco dispone de márgenes mucho más holgados que el de las provincias.

Los serios problemas fiscales no son consecuencia del estancamiento de la actividad económica, ni mucho menos de la recaudación (la presión tributaria ha alcanzado un record histórico). Tienen como principal origen la expansión del gasto público. Según datos del Ministerio de Economía, entre 1998 y el 2008 las erogaciones del fisco tuvieron el siguiente comportamiento:

• El gasto público total creció en términos reales (es decir, corregido por inflación) un 70%; esto es equivalente a 7,1 puntos del PBI.
• El gasto público nacional aumentó en términos reales un 71%, que significan 3,9 puntos del PBI.
• El gasto público provincial se incrementó en un 69%, lo que representa 3,2 puntos del PBI.

Los datos muestran claramente que el incremento de las erogaciones públicas ha sido extremadamente alto, superando incluso por amplios márgenes el crecimiento de la actividad productiva. A tal extremo llegó la expansión de gasto público que, en una década, el Estado se apropió de más de 7 puntos del PBI, de los cuáles más de la mitad fueron absorbidos por el nivel nacional. Semejante incremento de erogaciones sólo pudo ser financiado transitoriamente, en el marco de precios internacionales inéditamente favorables y con la acumulación de impuestos altamente distorsivos, como las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque, los impuestos a los combustibles, el impuestos a la ganancia mínima presunta, los incremento de contribuciones patronales, la estatización de los aportes personales y los incrementos del impuesto a los ingresos brutos.

Aunque la crisis se exterioriza en las provincias, su origen se debe en buena medida a decisiones tomadas en el orden nacional. Por un lado, hubo una exacerbada apropiación de recursos fiscales por parte del nivel central. Por el otro, desde el gobierno nacional se estimularon (en muchos casos se impusieron) aumentos de salarios que inciden directamente en el gasto provincial. El ejemplo más ilustrativo es la centralización de la paritaria docente, impuesta por el gobierno nacional a contramano del hecho de que las responsabilidades de pagar los salarios a los maestros son las provincias.

Aunque el Estado aumentó considerablemente su participación en la economía, la distribución del ingreso no mejoró. Peor, es probable que cuando se disipen las manipulaciones sobre el INDEC se llegue a la conclusión de que en la actualidad la fragmentación social es más aguda que hace una década. La explicación es que el aumento del gasto público nacional se explica por déficits de empresas públicas, subsidios a empresas privadas, distribución indiscriminada de más de 2 millones de jubilaciones a gente sin aportes (y que no es pobre) y al engorde de la burocracia. Ninguno de estos gastos tiene impacto directo o indirecto positivo sobre la distribución del ingreso. Mientras tanto, las provincias, a cargo de funciones sociales claves pero sin los recursos necesarios, profundizan el deterioro en la calidad de los servicios y se aprestan a apelar a las cuasi-monedas como el último eslabón de esta involución.