Ocurrió el 22 de agosto de 1972 y fueron asesinados 16 militantes populares en la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut. Se recordará mañana con la causa judicial elevada a juicio oral y en marcha el proceso de extradición desde los Estados Unidos de uno de los responsables de los fusilamientos.
La causa, caratulada como «Sosa, Luis Emilia; Bravo, Roberto Guillermo y otros de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado», fue elevada a juicio oral en mayo pasado por el juez federal Hugo Sastre.
Las actuaciones por los fusilamientos, justificados en aquel momento por el Ministro del Interior, Arturo Mor Roig, como un intento de fuga, están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno, embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados 19 militantes, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos, siendo luego asesinados por la dictadura militar.
Según relata la elevación a juicio, la Masacre de Trelew ocurrió en la madrugada del 22 de agosto de 1972, siendo aproximadamente entre las 2.30 y 3.30 cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo, quien se espera sea extraditado, del capitán Emilio del Real y del capitán Herrera (hoy fallecido) se presentaron en el lugar de detención de la Base Aeronaval Almirante Zar.
«Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo», describe la elevación a juicio.
Las víctimas «estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos», indica el texto que Sastre dirigió a la cámara, al cual tuvo acceso Télam.
Como consecuencia de los disparos fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polto, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
La nota aclara que en los casos Antonio Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no murieron, ya que «fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado».
La elevación dice además que «este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de 2 o mas personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real».
En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de 6 cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, capitán Emilio del Real, capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).
De los mencionados solo cumple prisión efectiva en la Alcaidía Policial de Trelew el ex cabo Marandino, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando detalles sobre lo ocurrido en la sangrienta madrugada.
Los restantes se aferraron a la versión oficial de un «intento de fuga» y tras permanecer unos días detenidos 1§ en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud.
Además de los mencionados se acusa a Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorge y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento.
La última noticia en la causa por la Masacre fue el cumplimiento de todos los pasos para la extradición desde los Estados Unidos del ex teniente Roberto Guillermo Bravo.
Bravo es el único prófugo en la Masacre y se encuentra desde la década del 70 en los Estados Unidos de donde se negó a viajar a Argentina para comparecer ante el Juzgado Federal de Rawson que abrió la causa paralizada durante varias décadas.
El pedido de extradición de Bravo se comenzó a gestionar desde mediados del año pasado, una vez que se acreditó su participación activa en el acribillamiento de los militantes.
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