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Durante algo más de tres horas, funcionarios del gobierno defendieron los aumentos que surgieron a partir del decreto 2067/08 y ratificaron que los hogares de más bajos consumos no los pagarán. Los senadores de la oposición reiteraron que los aumentos son mayores de lo que se reconoce oficialmente. Pormenores del debate.

La reunión de la comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado comenzó poco antes de las 11 y se extendió hasta las 14. Durante tres horas senadores del oficialismo y la oposición plantearon sus preguntas a los funcionarios del Ministerio de Planificación, que defendieron incesantemente los aumentos que se produjeron en las boletas de gas a partir del decreto 2067/08, de noviembre último, que se implementó para hacer frente a las importaciones desde Bolivia.

La reunión, presidida por el titular de la comisión, el sanjuanino César Gioja, se inició con una breve presentación por parte del secretario de Energía, Daniel Cameron, que aseguró que en los últimos años “se privilegió la competitividad de las empresas”.

“Recién en 2008 incorporamos a los hogares en el incremento de tarifas”, recalcó el funcionario que reconoció errores en la facturación, al incluir en los aumentos a sectores de bajos recursos. En ese sentido, señaló que “tanto en el sector eléctrico como en el gas, las distribuidoras y los entes reguladores recibieron instrucciones de la Secretaría de Energía y del Energas de que todos aquellos usuarios que no respondieran a las características de los sectores de más alto consumo (y hubieran sido incluidos) tuvieran solución a su situación”.

Y agregó: “No vamos a ir a presionar a los usuarios que no tengan capacidad de pago porque no lo hicimos en los últimos años y tampoco lo vamos a hacer ahora”

El primero de los senadores en hacer uso de la palabra fue Gerardo Morales (Jujuy), que participó de la reunión aunque no integra la comisión. “Yo no estoy acá defendiendo los ricos”, asestó el presidente de la UCR y aseguró que “siempre desde distintos sectores del gobierno se ideologizaron estas cosas”.

Luego de presentar facturas de gas con aumentos exorbitantes en distintas zonas de su provincia, criticó el otorgamiento de subsidios al sector, cuestionó el hecho de que el aumento no hubiera pasado por el Congreso (se implementó por decreto) y reiteró su voluntad de derogar el decreto 2067/08.

“Se ve que la justicia va a voltear (esos aumentos)”, afirmó Morales luego de recordar el resultado positivo de los fallos presentados en las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza y las localidades de Avellaneda, Campana y Escobar en la provincia de Buenos Aires.

Morales finalizó su primera alocución con tres preguntas para los funcionarios: ¿Cuál es el porcentaje de los aumentos?; ¿Quién estableció los coeficientes? y ¿Cómo determina los números la Secretaría de Energía?

Más tarde, Cameron señaló que los aumentos son “móviles”, y el titular del Enargas, Antonio Pronsato explicó que el coeficiente se calcula en función del impacto a los diferentes usuarios. Morales protestó porque no obtuvo respuesta a su última pregunta.

La reunión consistió en una presentación por parte de Cameron y preguntas (que fueron más bien planteos y cuestionamientos) por parte de los senadores. Al final, los funcionarios respondieron a esas preguntas. Esta modalidad, planteada por Gioja, fue cuestionada por senadores (tanto oficialistas como opositores).

Además de la mayoría de los integrantes de la comisión, participaron de la reunión de hoy los senadores Morales, Rubén Giustiniani (Socialismo, Santa Fe), Roxana Latorre (PJ, Santa Fe) y Liliana Fellner (PJ, Jujuy).

La senadora Nanci Parrilli, integrante de la comisión, pidió “no hacer de esto una batalla”. A su turno, Fellner solicitó a los funcionarios “corregir los desajustes e inequidades del decreto” manteniendo su espíritu. Además, le respondió a Morales que en su momento la había chicaneado con datos de la provincia que ambos representan en la Cámara alta.

“¿Qué piensan hacer?”, preguntó el senador Giustiniani a los funcionarios del gobierno. “El país está en una situación (de crisis) que no es creada por los medios de comunicación”, continuó el presidente del Partido Socialista que además criticó el planteo hecho por Cameron respecto de la defensa de la competitividad de las empresas. Además, consideró inoportuno que “en momentos en que hay que incrementar el consumo se implemente un tarifazo”.

“Asistimos al fracaso de las políticas de servicios públicos en Argentina”, dijo Giustiniani y vaticinó: “Estamos a punto de quedarnos sin gas y sin petróleo”.

El legislador por Santa Fe planteó que “desde la oposición estamos dispuestos a dialogar porque con la implementación del decreto puede haber un conflicto social”.

En esa misma línea se pronunció la defensora del pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, que intervino en el debate a pedido de Morales y anunció que “las defensorías del país están colapsadas”. Caprino explicó que los que se presentan ante la Defensoría son principalmente familias de clase media baja y jubilados, porque “la gente de clase alta tiene sus propios abogados”.

“El humor social es horrible”, dijo Caprino y aseguró que muchos de los reclamantes que se acercan a la Defensoría de La Matanza “maltratan a la gente de la Mesa de Entradas”. “Estamos muy preocupados, la situación es muy grave”, señaló la mujer.

También pidió la palabra el gremialista Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén que aseguró que se presentó en la reunión de hoy “para defender a 28 mil compañeros trabajadores”.

Pereyra indicó que la provincia de Neuquén enfrenta una crisis en el sector por la que ya se registraron 1500 despidos, que se frenaron tras la firma, el pasado 17 de julio, del acta acuerdo en el que las empresas se comprometieron a continuar produciendo “sin despidos ni suspensiones”.

En un texto del sindicato remitido a los periodistas y suscripto por Pereyra, se aseguró que el aumento propuesto por el decreto 2067 sólo impactará en el 18 por ciento de los consumidores.

“Los trabajadores no vamos a ser espectadores. Si se cae este acuerdo y hay despidos, cortamos el gas y no habrá gas para nadie”, sostuvo Pereyra. Los trabajadores del sindicato que él representa, según ellos mismos reconocen, producen más del 50 por ciento del gas que consume el país.

Por su parte, Pronsato desmintió la información que indicaba que por el solo hecho de tener un teléfono celular, una familia tenga que abonar el incremento. Aseguró que los exceptuados son los comedores comunitarios, las personas que acrediten un problema médico por el cual necesiten utilizar bastante gas, aquellos que sean beneficiarios de planes sociales y los jubilados y pensionados que sólo perciban esos ingresos.

En respuesta a un planteo de la senadora María Eugenia Estensoro (ACyS, Capital Federal), Pronsato dijo: “Yo no quiero niveles de precio internacionales, quiero precios justos”.

En tanto, el subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, aseguró que “la justicia tomará sus decisiones” pero mientras no exista un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, los aumentos seguirán en pie. Además aseguró que “todas estas medidas están tomadas para proteger la redistribución de la riqueza”.

Para cerrar la reunión, Cameron aseguró que está dispuesto a “corregir los posibles errores” y propuso que los senadores o a sus asesores armar una comisión para tratar cuestiones específicas e incluso se mostró dispuesto a volver al recinto.

“La diferencia entre Argentina y Brasil es que ambos tenemos las leyes que nuestros Congresos nos dieron”, dijo el funcionario cercano a Julio De Vido en respuesta a un planteo de la senadora Estenssoro que se quejó porque el país vecino invirtió en exploración y así se convirtió en potencia.

En la sesión que estaba prevista para la tarde de este miércoles, los senadores de la oposición pretendían derogar el decreto 2067/08, mientras el oficialismo intentará convencer a sus legisladores para que apoyen la suba. (Dju)