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Por Horacio Castelli

Fue citado (no invitado) como imputado, a declarar ante la justicia por la Fiscal Analía Duarte en torno al traspaso de la Concesión del “Camping Miguel Lillo” el Intendente de Necochea Daniel Anselmo Molina. La declaración testimonial fue tomada por la propia agente fiscal en la sede de Avenida 75 sin trascender el cotenido. La Dra. Analía Duarte se disculpó con «Ahorainfo» pero declinó hacer declaraciones periodísticas.

Y viene bien hacer algunas aclaraciones sobre algunos dichos de políticos del radicalismo que lo quieren vincular a la campaña electoral dejando dudas sobre la “celeridad” de la justicia. ¿Después de un año de radicada la denuncia es “celeridad”?

El Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Fernando Kuhn González (virtual intendente si se lo destituye a Molina), comete un error al hablar de “celeridad” de la justicia apuntando que la denuncia fue hecha en marzo.

Error, la denuncia por la que se lo imputa a Molina fue realizada en junio de 2008 por parte del Doctor Julio Romero en representación de Juan José Hirschman. En noviembre de 2008 fue la denuncia del bloque de concejales del Frente Justicialista para la Victoria y sobre la misma aún no se ha expedido la Fiscalía. No existe una denuncia del mes de marzo sobre la que se procesa a Molina.

Por otra parte, los actuales candidatos y concejales Gerardo Guridi y Alfredo Maldonado con el resto de los integrantes del bloque oficialista votaron en contra de un pedido de interpelación al Intendente Molina solicitado por la oposición.

Si no hay nada que ocultar, por qué no se permitió la posibilidad de preguntarle al Jefe Comunal sobre una situación que viene con problemas desde hace al menos 5 años.

Es indudable que la estrategia del Jefe Comunal es victimizarse para que los comentarios circulen alrededor de la conveniencia de su imputación judicial en plena campaña como si el motivo no fuera lo suficientemente grave.

Y es tan grave que ni siquiera quienes intentan defenderlo pueden adentrarse en los detalles del mismo sino que solo pueden hablar del oportunismo del procesamiento judicial.

La responsabilidad que tiene Daniel Molina como Intendente supera cualquier disquisición que alguien quiera hacer sobre las intencionalidades. Los hechos por lo cuales la fiscal ha solicitado su procesamiento son muy graves y Necochea podría terminar pagando 8 millones de pesos en conceptos indemnizatorios.