La Federación Argentina de Radios Comunitarios (FARCO) emitió una declaración en la que critica el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de otorgar un acuerdo fiscal a importantes empresas periodísticas del interior del país y multimedios nacionales.
Bajo el título «Tienen más, piden más y les dan más», y con la firma de su presidente, Néstor Busso, Farco sostiene textualmente:
«La presidenta Cristina Fernández ha dicho que es necesario democratizar la comunicación, acabar con los monopolios y garantizar la libertad de expresión para toda la sociedad. En ese sentido presentó una propuesta de Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que asume las propuestas realizadas por organizaciones populares nucleadas en la Coalición por una radiodifusión democrática. Apoyamos y hemos salido a defender ese proyecto.
«Sin embargo, fuimos sorprendidos por una medida que a contramano de ese discurso y de los coincidentes reclamos sociales beneficia al sector empresario que oligopólicamente controla la información en nuestro país al amparo de una Ley de radiodifusión de la dictadura militar.
«La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de firmar un acuerdo fiscal en beneficio de un grupo de empresarios que elaboran y propagan el discurso del poder. En efecto, aunque la presidenta destacó la necesidad de «diferenciar a las pequeñas empresas periodísticas de los grandes grupos» y que «la libertad de expresión no es propiedad de un sector, sino de toda la sociedad», lo cierto es que este convenio de cancelación de pasivos fiscales de empresas periodísticas fue firmado con Telefé del Grupo Telefónica de España, América TV multimedio cuya propiedad comparten Francisco De Narváez, Daniel Vila y el ex Ministro José Luis Manzano, La Nueva Provincia de la familia Massot de Bahía Blanca, entre otros.
«Resulta difícil de entender una acción tan contradictoria con el discurso de la Presidenta y parte del Gobierno nacional que impulsa el debate por una nueva Ley de comunicaciones para acabar con la concentración en la propiedad de los medios. No se facilita la gobernabilidad cediendo a las presiones corporativas. Nosotros creemos que los poderosos siempre quieren más y cuanto más se les da, más quieren y más exigen.
«Mientras tanto, cientos de iniciativas comunicacionales -radios de organizaciones sociales o pequeñas iniciativas privadas- que multiplican el debate y las voces ciudadanas buscan sostenerse con grandes dificultades económicas en una economía concentrada donde la gran pauta publicitaria también esta concentrada.
«Democratizar la comunicación para avanzar en una justa distribución de la riqueza implica, entre otras cosas, desmontar el andamiaje de la concentración mediática y económica para terminar con la desigualdad social. Para eso es indispensable que en forma urgente se presente al Congreso y se apruebe el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El debate se dio. Queda claro que hay un amplio consenso social y el esperado rechazo de unos pocos grupos concentrados. Se cumplieron los 60 días anunciados por la Presidenta en la presentación del 18 de marzo en La Plata. Entendemos que es el momento de avanzar con el proyecto en el Congreso antes de que este proceso de debate ciudadano se convierta en una nueva frustración. Tenemos la oportunidad después de casi 26 años. El momento es ahora», concluye la nota.
Redistribución para los que más tienen
«Desde hace más de dos décadas los trabajadores de la comunicación venimos repitiendo hasta el hartazgo que no hay justa distribución de la riqueza sin la democratización de los medios de comunicación», así lo señaló Juan Carlos Giuliani, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, al tiempo que agregó que «de allí nuestra activa participación en la Coalición integrada por un centenar de organizaciones populares que redactó en 2004 los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática y nuestra militancia para que de una buena vez tome estado parlamentario el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual».
El también titular de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura (Fetraccom-CTA) azuzó: «Un selecto puñado de grupos empresarios ejerce la dictadura informativa a caballo de una Ley de Radiodifusión sancionada durante la tiranía militar y que durante este cuarto de siglo de vigencia democrática, gracias a la complacencia de los sucesivos gobiernos constitucionales, robusteció sus posiciones hasta tornarlas hegemónicas a través de las modificaciones que se insertaron al decreto firmado por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz para favorecer esos intereses minoritarios».
En referencia a la medida oficial de condonación fiscal Giuliani destacó que aunque la presidenta destacó la necesidad de «diferenciar» a las pequeñas empresas periodísticas de los grandes grupos y que «la libertad de expresión no es propiedad de un sector, sino de toda la sociedad», «lo cierto es que este convenio de cancelación de pasivos fiscales de empresas periodísticas fue firmado, entro otros, con representantes de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Telefé y América, justamente sectores de los medios concentrados que viven conspirando contra una comunicación libre, plural y participativa».
El convenio fue suscripto por María Ximena Velázquez, de Canal 10 de Mar del Plata; José Pochat, del diario La Gaceta de Tucumán, de la familia García Hamilton y el más importante de esa provincia; Domingo Marra, del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, de la familia Massot ferviente defensora del proceso militar; Guillermo Camparino y Miguel Durán de Telefé, perteneciente al Grupo Telefónica de España; y Daniel Vila, de América TV, multimedio cuya propiedad comparte con el ex ministro del Interior de Menem, José Luis Manzano y Francisco De Narváez.
El convenio deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, ya que se trata de una modificación de un impuesto coparticipable que se tributa sobre el precio de tapa de diarios y revistas y de publicidad.
