Eduardo Ahamendaburu*
Hoy martes se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados en el Trabajo y en la Argentina esta problemática sigue sin resolverse por intereses mezquinos de los grupos de poder y de los gobiernos de turno.
El 28 de abril es un día de duelo. Es el Día Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados en el Trabajo.
La iniciativa tiene su origen en el movimiento sindical canadiense, que promovió la ley sancionada en 1989 por el Parlamento que declaró el 28 de abril como Día de Duelo nacional. Cuenta también como antecedente la conmemoración realizada por la ONU en 1996 por los 188 trabajadores y trabajadoras muertos y los 500 gravemente heridos durante el incendio de la fábrica de juguetes Kader, en Tailandia.
Desde entonces los sindicatos a nivel mundial asumieron el 28 de abril como un día dedicado a recordar a los más de dos millones de trabajadores muertos anualmente por causa del trabajo y al mismo tiempo de lucha contra las condiciones y medio ambiente de trabajo lesivas para la salud. Posteriormente, en el año 2001 la OIT asume la fecha como una jornada internacional por la salud y la seguridad en el trabajo.
La Semana Argentina
En nuestro país, éste es el sexto año consecutivo en que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo organiza la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Sobre esta conmemoración local caben algunas reflexiones.
En primer lugar, está convocada por un ente oficial (la SRT), creado por la Ley 24557, que como parte del paquete flexibilizador de los años 90, ubicó a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (entidades de orden privado, ligadas al capital financiero) como la piedra angular del sistema.
La simple existencia de tales entidades (las ART) presupone una inversión en los principios rectores del derecho laboral; a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores. Tal es así, que el asegurado por las ART no son precisamente éstos últimos; sino las patronales.
Por supuesto, que éstas se cuidan muy bien de explicitar estos objetivos y argumentan que la prevención y la inmediatez de sus prestaciones son su principal función. Estos argumentos colisionan con estadísticas (parciales por omisión de denuncias y porque el sistema sólo atiende al trabajo registrado) que nos hablan de un incremento de la siniestralidad.
En segundo lugar, el sistema vigente excluye la participación de los trabajadores, como única forma eficaz de cualquier política de prevención, tal como dicta la experiencia internacional y la legislación vigente en la mayoría de los países latinoamericanos propiciándola.
Por las razones expuestas, las actividades organizadas alrededor de la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo devienen en estériles y las intervenciones en los distintos paneles, por valiosas que sean, no replican, ni replicarán, sobre las reales necesidades de los trabajadores; en tanto el sistema esté gestionado centralmente por las ART.
Asimismo, la presencia en tales foros de un sector empresario enriquecido en estos años, no dispuesto a distribuir la renta, y sí a descargar su propia «crisis» sobre los trabajadores, denigrando aún más los salarios y las condiciones de trabajo y de una dirigencia sindical distraída, cuando no cómplice de las políticas patronales, que avala despidos, suspensiones y rebaja de salarios (como algunos panelistas de la subsede Córdoba de la Semana Argentina), no nos permiten augurar un resultado venturoso.
Por un nuevo sistema de riesgo del trabajo
Es necesario discutir un nuevo sistema de riesgos del trabajo, eliminando la figura de las ART. Una política en este sentido, debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva. Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención. Para ello, es necesaria la democratización de las organizaciones de trabajadores mediante la vigencia plena de la libertad sindical y protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones.
Asimismo, requiere un fortalecimiento del papel del Estado; tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo; como en la articulación de una política integral y universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que garantice la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública).
*Eduardo Ahamendaburu es presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA), secretario de Salud Laboral.
