Material enviado por Lic. Jorge Mancuso
La mayoría de las propuestas de reforma al régimen de coparticipación llevan implícito el supuesto de que los dirigentes nacionales son más idóneos que los del interior. Una especie de «subdesarrollo mental» justificaría extremar la centralización de recursos en el nivel nacional violando la Constitución Nacional. Si, por el contrario, se asume que la gente del interior es tan capaz e inteligente como la de Buenos Aires se concluye que para mejorar el funcionamiento del sector público es imprescindible liberar recursos fiscales a partir de desactivar intervenciones del gobierno nacional que se superponen con las provincias.
La presión impositiva en niveles récords señala que se está maximizando el esfuerzo de las familias y las empresas para financiar al sector público. Paradójicamente, son cada vez más visibles las evidencias de la ausencia del Estado. El dengue desnuda la ineficacia y el fracaso del sistema de salud pública, la deserción escolar el del sistema educativo, y la frecuencia y gravedad de los delitos el del sistema de seguridad y judicial. Hasta cuestiones tan simples y básicas como tramitar un DNI complican la vida a la gente debido al mal funcionamiento del registro civil.
Son muchos los factores que explican esta ausencia de servicios públicos de calidad. Pero uno de los más importantes es la inadecuada distribución de funciones y recursos entre la nación y las provincias. Tomando el Presupuesto Nacional 2009 y separando las partidas que financian acciones que constitucionalmente le corresponden a la nación de aquellas que les corresponden a las provincias se llega al siguiente cuadro de situación:
- El gobierno nacional estima gastar en el 2009 unos $234 mil millones.
- Unos $134 mil millones son erogaciones que corresponden a funciones que la Constitución asigna al nivel nacional (defensa, relaciones internacionales, seguridad social, justicia federal, entre las más importantes).
- Los $100 mil millones restantes son erogaciones que avanzan sobre funciones que la Constitución deja bajo la responsabilidad de las provincias (educación, salud, infraestructura y asistencia social).
Es decir, del total de gasto que el gobierno nacional ejecuta aproximadamente el 42% tiene por destino interferir en funciones provinciales. En esta perspectiva, si la nación dejara de ejecutar estas intervenciones que avasallan las responsabilidades provinciales se liberaría una masa de recursos que permitiría duplicar los recursos que actualmente reciben las provincias por transferencias automáticas (unos $70 mil millones anuales) y simultáneamente encarar una rápida reducción de retenciones e impuesto al cheque.
Apropiarse de fondos provinciales para que funcionarios desde Buenos Aires los asignen en áreas cuya gestión es responsabilidad de las provincias, presupone que éstos son más idóneos que sus pares del interior. En términos más directos, que la nación ejecute programas de educación básica cuando las escuelas las gestionan las provincias (por ejemplo, pagar parte del sueldo a los docentes, construir o reparar edificios, o financiar becas) sólo se puede justificar suponiendo una gran ineptitud de los funcionarios locales. De lo contrario, alcanzaría con coparticipar esos recursos (tal como fija la Constitución) y dejar que sean los gobiernos locales -sin interferencias ni paternalismos desde el gobierno nacional- los que gestionen el sistema y se hagan cargo de los resultados. Esto, que pasa en educación, es exactamente la misma lógica que también prevalece en otras áreas claves como salud pública, desarrollo de infraestructura y asistencia social.
Considerar que hay más inteligencia y capacidad en Buenos Aires que en el interior es un acto de soberbia que lleva a superposiciones y dilución de responsabilidades. La acumulación de fracasos demuestra con contundencia que se trata de una pésima organización del sector público. Por ejemplo, mientras crecen las erogaciones nacionales en educación básica, los indicadores de calidad educativa no dejan de bajar, la deserción escolar no deja de subir y nadie se hace cargo del fracaso. Mientras crece el presupuesto del ministerio de salud nacional, se propagan riesgos sanitarios propios del subdesarrollo.
La centralización de recursos ha llegado a tal extremo que se impone en la agenda de políticas públicas el replanteo del régimen de coparticipación federal de impuestos. Sin embargo, antes de incursionar en los aspectos instrumentales de una nueva coparticipación, es fundamental clarificar el diagnóstico de partida respecto a la capacidad e idoneidad de la gente del interior. Si se parte del supuesto de que no hay razones para pensar que el interior sufre de una minusvalía que lo inhabilita a gestionar políticas publicas, las reformas deberían ser profundas e integrales apuntando a descentralizar potestades tributarias, recursos y responsabilidades. Esto exige que la nación deje de ejercer sobre las provincias un rol paternalista -muchas veces extorsionador- y se aboque a cumplir sus propias funciones que las tiene muy descuidadas.
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