Lo elaboró la Federación Argentina de la Magistratura. Diagnosticó que por año se inician cuatro millones de causas en todo el país. Propuso reducir la cifra a la mitad a través de la aplicación de la mediación extrajudicial, la atención de los casos más graves, y la aplicación de políticas públicas, entre otros.
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) propuso una serie de medidas para reducir las cuatro millones de causas judiciales que se inician por año en los tribunales de todo el país. Entre las propuestas, la entidad que nuclea a las asociaciones de jueces de todo el país, priorizó la mediación extrajudicial y la atención de los casos más graves.
«Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia», señala el documento de la FAM «Justicia y Seguridad. Qué podemos hacer».
Con esa cantidad de causas, la FAM propuso reducir la cifra de conflictos a la mitad «con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro». «La política debe liderar los procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el sostenimiento de la ley», planteó la Federación.
La entidad ideó una «justicia simplificada» con prevención y un nuevo sistema judicial ágil, informal y de proximidad geográfica: «Imaginamos acuerdos Inter-Poderes e Inter-Jurisdiccionales que posibiliten la instalación de nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones municipales, que puedan actuar con procedimientos simples, concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos complejos».
Otro punto de la propuesta de la FAM es la mediación extrajudicial. Para su implementación reclamó más leyes, planes integrales que fomenten la mediación a través de campañas de difusión que expliquen qué significa mediar un conflicto. «El objetivo a lograr es que el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de los mecanismos de solución de las disputas», explicó la entidad.
Por último, la Federación también propuso priorizar la atención de los casos más graves (que los fiscales pueden elegir los hechos en los cuales acusarán) y una mayor velocidad en los casos penales («establecer juzgados y procedimientos diferenciales para los delitos cuyos autores fueran sorprendidos al momento de cometerlos o inmediatamente después»).
La FAM pidió a los poderes nacionales que convoquen a encuentros para discutir propuestas. «Con urgencia debemos establecer, desde un enfoque global y nacional, un curso de acción con ese norte», reclamó.
La entidad también llamó a que jueces, fiscales y defensores de los Poderes Judiciales de todo el país se reúnan el próximo 27 de mayo a las 13 y durante 15 minutos en los lugares públicos de los Tribunales de cada jurisdicción para apoyar las ideas propuestas por la FAM.
«Con esto último pretendemos expresar la entidad de la preocupación del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación en la construcción de soluciones», explicó la Federación. (Dju)
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA JUSTICIA Y SEGURIDAD
QUÉ PROPONEMOS HACER
A los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales. A la dirigencia política, económica y social. A los actores de la cultura. Al ciudadano argentino:
El sostenido aumento de los casos judiciales, penales y de todo tipo, afligen hoy a la sociedad, prisionera entre el miedo y la impotencia. También la Justicia padece la situación, atravesada por realidades cada vez más difíciles de gobernar. Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad, se trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia.
Poner en valor la ley. Reducción de la cifra de conflictos. Debemos reducir, entre todos, la cifra de conflictos con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas. Poner en valor la ley es tarea, antes que nada, ciudadana. La política debe liderar los procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el sostenimiento de la ley. Sobre ellos podemos aportar algunas medidas, aunque reconociendo que excede este campo la competencia y responsabilidad judicial.
Justicia simplificada. Debemos descargar de los sistemas judiciales 2.000.000 de casos por año, en parte evitándolos mediante prevención eficaz, en parte transfiriéndolos de los pesados y colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e informal, de justicia simplificada y de proximidad geográfica. Para construir este cordón de atención primaria del conflicto, resulta imprescindible el concurso de los tres Poderes del Estado en los niveles nacionales y provinciales. Imaginamos Acuerdos Inter.-Poderes e Inter.-Jurisdiccionales que posibiliten la instalación de nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones municipales, que puedan actuar con procedimientos simples, concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos complejos.
Mediación extrajudicial Debemos llevar a la mediación a un punto de actuación que la convierta en el primer nivel de respuesta al conflicto, para que sean las propias partes interesadas las principales protagonistas del hallazgo de la solución. Para ello hace falta más que leyes. Se necesitan planes integrales de fomento a la mediación, con campañas de difusión, alicientes de uso, disponibilidad, gratuidad, junto con consecuentes medidas de desaliento al pleito tradicional. El objetivo a lograr es que el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de los mecanismos de solución de las disputas.
Priorizar la atención de los casos más graves. En materia de justicia penal se deben realizar las reformas necesarias para que los fiscales puedan priorizar la atención de los casos más graves, seleccionando los asuntos en que acusarán, adecuando en las leyes el rol de la víctima en el proceso, para que pueda ejercer un adecuado control e impulso sobre su marcha.
Mayor velocidad en los casos penales. Resulta imprescindible establecer juzgados y procedimientos diferenciales para los delitos cuyos autores fueran sorprendidos al momento de cometerlos o inmediatamente después, detenidos por la policía o indicados por el clamor popular. Estos juzgados para delitos de simple comprobación, actuando bajo principios de simplicidad, y sin afectación de derechos, permitirán seguir sosteniendo la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio en la totalidad de los asuntos, tan esenciales para distinguir la justicia de la venganza privada.
Misión fundamental del Estado Nacional. Creación de un Fondo Estructural. El Estado Nacional, tiene como misión fundamental, desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional, «afianzar la Justicia» y «asegurar los beneficios de la libertad» en toda la República. Tal tarea no se cumple con la creación y actuación de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura, órganos previstos para actuar en un número limitado y excepcional de casos. La gravedad de la situación impone la urgente creación de un Fondo Estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes adecuados de seguridad en las provincias, que les permitan desarrollar con mayor impacto las medidas en curso, las que aquí proponemos y las que se puedan añadir. Si la Seguridad y la Justicia importan, no debe serlo sólo para la crítica, sino para posibilitar soluciones. El modo de hacerlo, sin violentar el diseño federal, es con un Fondo Compensador, o de desarrollo de Políticas en Seguridad y Justicia, que pueda ser utilizado por las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con finalidades específicas y medición de resultados.
Nuestro aporte. Desde la crisis del 2001 venimos reclamando atención y elaborando propuestas de acción para revertir el estado de cosas en materia de justicia, participando con otras organizaciones civiles y autoridades públicas en la elaboración de diagnósticos y propuestas para la reforma judicial. A pesar de los avances, las soluciones intentadas se encuentran todavía en el nivel experimental o de escala reducida. Con urgencia debemos establecer, desde un enfoque global y nacional, un curso de acción con ese norte. Proponemos que los poderes nacionales convoquen los encuentros. Allí podremos desarrollar y desagregar la formulación de medidas complementarias que integran nuestro aporte y que, con el del resto de los participantes, seguramente resultará una elaboración de mejor criterio y valor.
Convocamos: a los Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de todo el país a expresar su apoyo a la petición que realizamos, concentrándonos en los lugares públicos de los distintos Tribunales, por espacio de quince minutos, a partir de horas 13 del día 27 de mayo. Con esto último pretendemos expresar la entidad de la preocupación del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación en la construcción de soluciones.
Fernando Lodeiro Secretario – Abel Fleming Presidente
Federación Argentina de la Magistratura
