Por José Rigane*
El Programa denominado PUREE (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica ) fue publicitado con «la finalidad esencial de operar sobre la demanda de energía incentivando el ahorro para generar excedentes que puedan ser utilizados, particularmente en momentos de escasez de oferta de gas natural para Centrales Térmicas y bajos aportes hidráulicos para las Centrales Hidroeléctricas, para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios que incrementan sus necesidades de energía, producto del crecimiento del nivel de actividad económica».
Por ello, se les requirió a todos los usuarios que adopten conductas racionales y conservativas en el uso de la energía eléctrica, que contribuyan al objetivo señalado debiendo registrar ahorros respecto al año base.
Para los usuarios con demandas de potencia inferiores a 10 Kw, conocidos como T1R ( residenciales ), el año base se fijó desde junio 2003 a mayo 2004, y para los T1G o Servicios Generales (antiguos comerciales) el período abarca desde junio 2004 a mayo 2005, o el primer período de 12 meses continuos subsiguiente al inicio del servicio, en ambos supuestos.
Si analizamos un poco la historia no tan lejana, por el año 2003 el gobierno comenzó a vislumbrar (nunca reconocida) con mayor apertura la existencia de una crisis energética general alentando a los consumidores a lograr el mayor ahorro de energía posible en pos de ayudar entre todos a sobrellevar la crisis que ya se anunciaba como grave.
Hoy es el «mismo» gobierno quien no se cansa de alentar el consumo, la producción, fomentando incluso planes oficiales para acceder a vehículos y electrodomésticos para facilitar la participación de los sectores de menores ingresos, alegando que dicha situación beneficia el crecimiento general de la economía del país.
Sin embargo, el «PUREE, obliga a no mejorar la calidad de vida, castiga al que va superando su situación de pobreza, ya que se aplica desde consumos de 10 kilowatts y se torna ridículo, cuando al esfuerzo de consumir menos, el Estado no lo acompaña con medidas que impidan la libre exportación de petróleo crudo, gas, naftas, y electricidad.»
Así, la política del PUREE, por un lado: exige a los usuarios ahorro, uso racional y eficiente de la energía, y por el otro: ese ahorro, pasa a formar parte de los saldos exportables de las empresas multinacionales que dominan el mercado energético, y no, reservas nacionales, para evitar que nuestro país se convierta en importador neto de combustibles.
«Estas políticas destinadas a conservar saldos exportables de energía y tasas de ganancias exorbitantes para las empresas privadas y multinacionales de la energía, (en diez años exportaron más de 200 mil millones de dólares de renta energética), no tienen nada que ver con la justicia distributiva, el ahorro de energía, ni el castigo a los sectores que derrochan; tiene que ver con el saqueo de los recursos naturales y la entrega de soberanía que consienten y alientan nuestros gobernantes.»
Pues no resulta muy coherente, ni justo, ni leal entonces que se aplique una penalidad al mayor consumo de estos tiempos en los que se nos alienta a efectuarlo con planes de electrodomésticos que incrementan la cantidad de artefactos en una vivienda, comparado justamente con los años en los que se pedía ahorro a cualquier precio.
La situación se agrava mas aún cuando sobre dicha multa inciden los incrementos autorizados en el último cuadro tarifario mix de cuestiones que hacen que nuestras facturas se tripliquen como mínimo en la cantidad de pesos a afrontar.
Preocupa la desidia, la falta de consideración, la ligereza en la toma de decisiones con la que nuestras máximas autoridades «arreglan» las crisis con una absoluta ausencia de planificación, haciendo oídos sordos a las necesidades de la gente y lo que es peor haciéndolo a exclusivo cargo de quienes en definitiva sostienen el sistema pagando cada uno de los impuestos y servicios a los que cautivamente se lo obliga.
Por eso el Movimiento Nacional Contra el Tarifazo con justa razón solicita: «Que se derogue el PUREE, ya que es una burla que el pueblo ahorre energía y pague multas, mientras que las empresas exportan gas, petróleo y naftas. Exigimos la implementación de políticas que sirvan al ahorro energético y al desarrollo de una matriz limpia y renovable.»
«Que las normas para el uso racional de la energía sirvan para mejorar las reservas hidrocarburíferas del país y no para generar saldos exportables para las empresas. Rechazamos toda política de exportación energética; y reclamamos la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que exige primero, satisfacer el mercado interno y la conformación de reservas propias, después, recién, exportar.»
«Que las tarifas respondan al interés del pueblo que consume, y no a la tasa de ganancia de las empresas.
Las Tarifas deben recalcularse a un valor socialmente justo.»
*José Rigane es secretario de Organización CTA Nacional y secretario general de FeTERA.
