Es tiempo de cinturones ajustados en Rosario: además de congelar los sueldos políticos por seis meses, el Palacio de los Leones suspenderá el ingreso de personal en todas sus formas, las contrataciones de vehículos y servicios telefónicos, los alquileres de inmuebles y las compras de cualquier tipo que no fuesen imprescindibles. Vencido el plazo, los funcionarios analizarán la posibilidad de prorrogar o profundizar la reducción de gastos.
El intendente Miguel Lifschitz se apresta a firmar el decreto que dispone un ajuste motivado por la necesidad de preservar «el accionar armónico» de las arcas municipales frente a «los cambios producidos en el contexto socioeconómico de la provincia y la ciudad», abonados por las consecuencias de la crisis financiera global, la prolongada puja entre el gobierno nacional y el agro, y la sequía.
La medida, que hoy entrará en vigencia, sintoniza con la adoptada en febrero pasado por el gobernador Hermes Binner, quien dispuso el congelamiento de los salarios del personal político de la Casa Gris hasta el 31 de diciembre próximo. Y arranca justo cuando la Argentina se prepara para recibir los coletazos de una crisis que, hasta el momento, sólo pareció afectar a los países desarrollados.
Factores. «Hablamos de una contracción de la actividad económica que afectará a las familias, las empresas y al municipio, razón por la cual aplicamos una medida que apunta a equilibrar las cuentas y, paralelamente, a bregar con el ejemplo», explicó Lifschitz a La Capital.
Según el decreto, se suspende la aplicación de cualquier tipo de incremento en las remuneraciones del personal de gabinete y de los organismos descentralizados del municipio.
También quedan congelados los ingresos a la administración municipal en cualquiera de sus formas, incluyendo las contrataciones de servicios profesionales y personales y las pasantías, entre otros.
En esa línea, hasta el 5 de septiembre se frenarán las nuevas contrataciones de vehículos y servicios telefónicos, los alquileres de inmuebles y las compras de equipamientos, rodados y cualquier otro elemento «que no fuesen imprescindibles» para el cumplimiento del ajuste.
Asimismo, cualquier excepción a las restricciones (por motivos de «estricta necesidad») deberá requerir del acuerdo de todos los secretarios del gabinete.
Por eso se encomendó a las secretarías y a los organismos descentralizados la elevación de una propuesta de reducción de los gastos de funcionamiento «que no afecte el desarrollo de los servicios prioritarios».
Balance. Acerca del congelamiento, el intendente destacó que «a los seis meses, y en función de los indicadores económicos y el estado financiero del municipio, se analizará si es conveniente prorrogar o profundizar la medida».
En el decreto también se recuerda que la gestión socialista «viene implementando desde comienzos de 2008 un plan de restricción del gasto en Rosario, expresado en acciones específicas en cada secretaría».
Lifschitz, en tanto, descartó que el ajuste genere malestar entre los trabajadores municipales (hay paritarias en puerta) y los proveedores oficiales: «No afecta en forma directa a esos dos sectores, porque hablamos de los sueldos políticos y de un freno a los ingresos de personal».
Días atrás, cuando Binner anunció lo propio en la órbita provincial, los gremialistas del sector público habían reaccionado con inquietud respecto del alcance de la reducción.
«Es imprescindible fijar medidas complementarias de racionalización administrativa que permitan priorizar la asignación de recursos destinados al gasto social, a la salud y a los servicios públicos esenciales», concluyó el intendente. (LA CAPITAL DE ROSARIO)
