El Gobernador apurará el tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura. «La idea es que la norma se sancione antes del 15 de marzo para poder tener al nuevo administrador después de la temporada de verano», precisaron voceros del Ejecutivo. Un dato: extrañamente, la ruta 88, conexión entre dos de las principales ciudades costeras, no fue incluida en la red vial.
El senador radical Jesús Porrúa, oriundo de Mar del Plata, recordó que el domingo 22 tuvo un encuentro con la ministra de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, y con funcionarios de la Dirección de Vialidad y no le hicieron mención al tema: «Estuvimos con ella en la ruta 88, que comunica Mar del Plata con Necochea, y no nos dijeron nada. Incluso reclamamos por el mal estado de esa carretera y respondieron que la ruta no era reentable y que no había ninguna previsión. El problema es que el Gobierno ha desertado hace tiempo del mantenimiento de las rutas».
En aquella recorrida también estuvieron el senador oficialista Javier Mazza y el intendente de Necochea, el radical Daniel Molina.
La iniciativa que Scioli envió a la Legislatura antes del brindis de fin de año autoriza al Poder Ejecutivo a «llamar a licitación Pública Nacional con el objeto de otorgar bajo la modalidad de Concesión de Obra Pública por peaje, la construcción, remodelación, mejoras, ampliación de capacidad, conservación, mantenimiento, administración y explotación del corredor vial», que en un principio integrarían las rutas provinciales 2,11,63, 56 y 74, a las que podrían agrearse otras que el Ejecutivo considere más adelante. El texto también establece que el plazo de la concesión será «de hasta 30 años».
En el Gobierno aseguran que aún no existen precisiones sobre si aumentará la cantidad de cabinas de peaje. Sí sería un hecho un aumento en el peaje, aunque no fue confirmado oficialmente. El proyecto sólo habla de que el modelo de concesión «deberá ajustarse a la modalidad de tarifa máxima, determinado su correspondiente tasa interna de retorno», y establece «una contribución mensual a cargo del concesionario equivalente al 4 por ciento de la recaudación neta de impuestos por el cobro de peaje». Ese dinero sería distribuido entre los municipios que estén atravesados por las rutas del corredor por el Bapro Mandatos y Negocios S.A.
El gobierno bonaerense aspira a tener en marzo todo listo para licitar a un solo operador por hasta 30 años la explotación de las rutas bonaerenses que comunican la Costa Atlántica.
Antes, el gobernador Daniel Scioli deberá lograr que los legisladores sancionen el proyecto de ley de su autoría que habilita ese concurso de precios, ingresado a la Cámara de Diputados el martes último, minutos antes de que la Legislatura cerrara sus puertas hasta 2009.
Voceros del Ejecutivo confiaron que el momento elegido para enviar el proyecto no fue inocente. «La idea es que la norma se sancione antes del 15 de marzo, y poder tener al nuevo administrador después de la temporada de verano», precisaron.
Las fuentes señalaron que tal objetivo se debe a dos razones: la necesidad imperiosa de comenzar con algunas obras, y un acuerdo con las empresas Covisur y Camino del Atlántico, concesionarias de las rutas 2 y 11 respectivamente, para que engrosen sus arcas con el cobro de peaje del verano. «Cuando aumentaron las tarifas las empresas se comprometieron a realizar obras y ya las están haciendo, como señalizaciones, microaglomerados y demarcaciones horizontales y verticales. Por eso no se les quitará la jugosa recaudación de estos meses», explicaron.
Es que si bien el proyecto no le pone fin taxativamente a las concesiones de Covisur y Camino del Atlántico deja entrever que las empresas se harán a un lado solas ante la llegada de un administrador encargado de mantener todas las rutas que van a la costa. Lo hace en el artículo cuarto del proyecto, que señala que formarán parte de la licitación los acuerdos que el Ejecutivo «hubiera alcanzado o alcanzare» con Covisur y Camino del Atlántico, «para adecuar los respectivos contratos vigentes de forma de permitir, aún antes del vencimiento de su relación contractual, la toma de posesión por quien resulte adjudicatario de la nueva concesión a licitar».
En el Ejecutivo aseguran haber acordado un retiro voluntario de las firmas sin pagar ninguna clase de indemnización, ya que además de no interrumpir su operatoria durante el verano, las eximirían de culpas por sus incumplimientos de contrato.
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