Las declaraciones del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien pidió bajar la edad de imputabilidad de los menores a 13 años, dividieron las aguas en la provincia de Buenos Aires, generando adhesiones y rechazos rotundos y abriendo el debate en torno a qué hacer con el problema de fondo…
Posse había hecho este pedido en medio de una serie de hechos delictivos protagonizado por menores en su distrito; “Planteamos la baja de la imputabilidad a los 13 años no para que vayan presos con los mayores, sino para que puedan ser tratados», afirmó el jefe comunal.
En el mismo sentido se expresó el intendente de Bahía Blanca, Cristian Bresteinstein, quien indicó que “en otros países del mundo ya adoptaron ese sistema” y llamó a “atacar uno de los eslabones en crisis”.
Sin embargo, desde la vereda de enfrente se escucharon varias voces en contra de la iniciativa de Posse: Marcelo Ponce Nuñez, de la Comisión Provincial por la Niñez, aseguró que está “total y absolutamente en contra” de la iniciativa, y se preguntó “¿en qué lugar meteremos a los chicos de 13 años que delincan, y que les sirva para que el chico se recomponga?”.
“Posse sustenta la baja en la edad de imputabilidad mencionando la experiencia de otros países: con ese ejemplo, si nosotros tuviéramos esas condiciones sociales, seguramente yo también estaría de acuerdo”, manifestó el abogado, al tiempo que señaló que “sólo se puede exigir esto si se les brinda ciertas seguridades sociales a los menores”.
En tanto, el intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, se mostró contrario a la iniciativa, aseverando que “estamos trabajando fuertemente en la protección del desarrollo infantil y en los servicios de salud para mejorar las condiciones sociales lo que repercute en el tema de la seguridad en su conjunto”.
Los jefes comunales que rechazan de plano la idea, sostienen que a los crecientes hechos delictivos que involucran a menores se debe anteponer políticas preventivas y de contención social.
Daniel Molina, intendente de Necochea, reclamó “trabajar en formas intermedias que no impliquen el hecho de que los fiscales tengan que liberar inmediatamente a los chicos que cometen delitos graves”.
“Se necesita un fuerte seguimiento parte de servicio social, con un grado de responsabilidad compartida con los padres”, manifestó el jefe comunal, quien además reclamó mayor presupuesto para “cumplir con las herramientas que establece la nueva ley de minoridad”.
En ese sentido, Nuñez aseguró que “hay herramientas que hay que empezar a poner en funcionamiento, como armar un sistema integral de atención en cada municipio, ya que no alcanza sólo con una secretaria del Menor”.
“Se debe impulsar la contención en su seno familiar, reforzar sus entornos sociales y apoyarse en la participación comunitaria, porque esto no es sólo problema del Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto”, dijo el letrado.
Cuestión de edad
Mientras que Daniel Molina sostuvo que “antes de los 16 años es imposible la comprensión real de su conducta”, el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, señaló que a los 14 años “los chicos tienen perfectamente conciencia de lo que hacen y razonan como personas adultas”.
“Se están firmando muchos convenios marcos con palabras que suenan bien pero este flagelo avanza. Las crisis económicas y sociales, y una clase media que se cayó han creado ambientes familiares donde no se inculca la cultura del trabajo”, remarcó Sánchez, al tiempo que advirtió que “hay una franja de los 13 a los 18 años donde los chicos no tienen nada que hacer” y mencionó que “el servicio militar, con todos sus defectos, marcaban límites que hoy muchos chicos no tienen”.
Ante esto, la titular del Juzgado de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, dijo que la inseguridad “no se solucionará bajando la edad de imputabilidad de los menores”.
Según Pascual, esta problemática “tiene que ver con la organización social y con el tratamiento y el sistema que se tiene para trabajar con los temas de marginalidad”.
“El tema de la violencia y los jóvenes con conflictos no está en la agenda de los gobernantes y piensan que bajando la edad lo vamos a resolver”, apuntó la magistrada, quien señaló como causas de este fenómeno “tres componentes letales: jóvenes, violencia inusitada y el tema de la droga, que está haciendo estragos”.
Por su parte, el intendente de Rivadavia, Sergio Buil, remarcó que “nuestros chicos son de nuestro pueblo, y me parece que es importante que los municipios profundicemos nuestras políticas preventivas y proteger a los chicos”, porque “cuando se los manda a institutos terminan peor”.
Casos que preocupan
El aumento de la participación de menores en delitos graves no es nuevo, pero en los últimos meses han impactado y conmocionado a varias localidades del interior bonaerense.
En Tres Arroyos, el caso de Bárbara García, una médica que recibió ocho puñaladas por parte de un menor que intentó robar su casa, movilizó a toda la ciudad e, incluso, generó más de una polémica luego de que el intendente le pidiera al ministro de Justicia, Ricardo Casal, que separa de su cargo al fiscal Carlos Lemble, quien dejó libre a varios menores que participaron en diferentes delitos.
En Olavarría, un adolescente de de 17 años murió en julio tras recibir una fuerte golpiza de una patota cuando caminaba con amigos.
El lunes, en tanto, dos menores de 15 y 17 años atacaron a cuchillazos a un joven de 23 en el centro de la ciudad.
