Lo anticipó el designado ministro de Justicia, Casal. Adelantó que “no se excluirá a Casación, pero habrá aportes novedosos para dicho tribunal”. Impulsarán un mapa judicial, la defensa de la víctima y la mediación.
El designado ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció ayer que desde el 10 de diciembre próximo el gobierno de Daniel Scioli impulsará un nuevo proyecto de reforma penal alternativo al que promovió Felipe Solá y que terminó naufragando en la Legislatura. La novedad de la iniciativa que se elabora es que no elimina al Tribunal de Casación, el punto más polémico de la reforma que intentó efectuar la gestión actual.
“Hemos retomado el tema con otra iniciativa de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia y la idea ni bien asumamos en dos semanas es consensuarlo con todos los sectores involucrados”, le dijo ayer Casal a Hoy, para acotar que “no se excluye a la Casación, aunque habrá aportes novedosos respecto de su futuro funcionamiento”.
Las declaraciones fueron realizadas durante el encuentro de intendentes y futuros funcionarios provinciales, que se realizó ayer en la la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
El proyecto que finalmente no prosperó fue impulsado por Solá a finales de 2006 y logró el aval de la Cámara de Diputados, pero no logró pasar el filtro del Senado provincial. El aspecto central y polémico que planteaba era la eliminación del Tribunal de Casación, pero además dividía a los Tribunales Criminales en juzgados unipersonales, con el objetivo de triplicar la capacidad de audiencias en juicios.
También establecía que las resoluciones de los jueces de primera instancia podrían ser apeladas ante las Cámaras Penales de cada departamento judicial y no ante la Casación, como ocurre en la actualidad.
Los senadores oficialistas y opositores cuestionaron que no se consultara a los actores del sistema y que Diputados eliminara uno de los artículos del proyecto original, que establecía una suerte de Casación “residual’”. Concretamente, y por dos años, ese tribunal debería terminar con las causas pendientes.
Paralelamente, la reforma propuesta por el Gobierno de Solá (quien en varias oportunidades embistió contra los legisladores por no aprobar la norma) fue cuestionada en la Justicia por uno de los miembros de la Casación, Horacio Piombo, quien realizó un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
La idea es que los cambios comiencen a regir en 2008 para agilizar y eficientizar la administración de justicia. Paralelamente, ayer Casal anunció que se elaborará un mapa judicial con necesidades y perfiles de cada región de la Provincia, que se impulsará la mediación civil a través de una ley, y que se apuntalará el instituto de la defensa para las víctimas de delitos.
