jueves, marzo 28, 2024

Justicia, Nacionales

La provincia necesita jueces

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La Suprema Corte bonaerense emitió una resolución para pedirle a los Poderes Legislativo y Ejecutivo que agilicen el proceso de selección de jueces para poder cubrir los cargos vacantes. El Tribunal se mostró «preocupado por la cantidad de cargos de magistrados sin cobertura».

A través de una Resolución firmada digitalmente por todos sus miembros, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires solicitó a los poderes Legislativo y Ejecutivo la agilización de los procesos de selección de magistrados para poder cubrir vacantes.

En el texto publicado se detalló que existen 188 cargos vacantes de magistrados, que sumados a las licencias médicas de carácter prolongado dejan un 15,24% de los cargos para jueces existentes sin cubrir. A ello se suma que se encuentran en trámite 99 procesos de selección de postulantes, 33 ya poseen ternas o listas, 13 pliegos ya pasaron a Senadores y otros 2 ya fueron aprobados a la espera del Decreto de designación.

La resolución, suscripta por los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Luis Genoud, Sergio Torres, Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani, también señala que existen 41 vacantes para cargos que no fueron concursadas aún.

Para los jueces, «en los últimos tiempos, las mayores demoras se producen desde que las ternas son recibidas por el Poder Ejecutivo hasta la remisión del pliego al Senado». Agregaron que, reiteradamente, «esta Corte ha puedo de manifiesto la necesidad de proceder a la rápida cobertura de vacantes».

Por ese motivo, con la intención de «velar por el adecuado y eficaz funcionamiento del servicio de justicia, no puede sino expresar nuevamente su preocupación por la cantidad de cargos de magistrados sin cobertura».

Los ministros de la Suprema Corte explicaron que actualmente existen en la provincia 207 vacantes, que equivale a más del 15% del total de cargos de jueces y constituye el «pico histórico» de cargos sin ocupar. Por lo que la demora en la designación de magistrados “pone en serio riesgo la prestación del servicio de justicia».