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En declaraciones periodísticas, el Presidende del Concejo Deliberante de Necochea, Dr. Hernán Trigo, cometió un grave error legal e institucional con respecto al conflicto con la empresa recolectora de residuos.

Dijo, entre otros conceptos erróneos, que el Concejo iba a «tratar de mediar» en la situación planteada por la Empresa Relisa con el Departamento Ejecutivo.

Es un error legal e institucional, porque el Concejo Deliberante es el poder concedente , y contralor del cumplimiento de lo firmado o votado oportunamente.

Este control debe ejercerlo tanto con la empresa como con el Ejecutivo.

No es un mero espectador en situaciónes como la presente, donde existe un conflícto con una empresa concesionaria, sobre todo de un servicio fundamental como la recolección y manejo final de los residuos.

El artículo 53 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que:

El Concejo autorizará la prestación de los servicios públicos de ejecución directa del Departamento Ejecutivo o mediante organismos descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos. Con tal propósito, se podrá autorizar la obtención de empréstitos y la venta o gravamen de bienes municipales con arreglo a lo dispuesto para estas contrataciones.
Por mayoría absoluta del total de sus miembros el Concejo podrá otorgar concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios públicos, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII.

El artículo 24 sobre las competencias, atribuciones y deberes del Concejo Deliberante indica que «La sanción de las ordenanzas y disposiciones del Municipio corresponde con exclusividad al Concejo Deliberante».

Por lo tanto, el Presidente del Concejo Deliberante no puede convertirse en un mediador, sino debe exigir que se cumplan los términos del contrato de concesión firmado por la empresa.

Luego de realizado el análisis respectivo, de aprobar o desaprobar el expediente, dará a conocer su resolución.

Jamás el Concejo Deliberante puede ponerse en la figura de mediador, porque esta figura le corresponde en todo caso a la Justicia, si no se llega a un acuerdo, o la empresa no cumpla con las obligaciones que le imponga el Concejo.

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