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Un “tribunal ético”, dirigido por el exjuez español, Baltasar Garzón, llevará adelante una investigación sobre los casos de “Lawfare” en América Latina.

El término “Lawfare” ha vuelto a la consideración mediática en los últimos días tras las declaraciones que realizó el papa Francisco, quien criticó el jueves el lawfare en América Latina, afirmando que pone en «serio riesgo» las democracias de los países.

“Lawfare” tuvo su origen en ámbitos militares. Su significado indicaba la importancia de deslegitimar al adversario jurídicamente (en base al derecho internacional) para lograr vencer sin la aplicación de poder, siguiendo la fórmula de Von Clausewitz acerca de la íntima relación entre la guerra (fuerza directa) y la política (fuerza ideológica).

Sin embargo, en nuestro territorio latinoamericano, “lawfare”, o la «judicialización de la política», consiste en el «uso indebido» de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explicó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELG) en un artículo publicado en su página web.

Implica desplazar del poder o impedir que accedan al poder gobiernos populares (considerados populistas) por medio de la imputación falsa de comisión de delitos, pero tomada por ciertos jueces y fiscales como legítima.

Acompañado ello por una fuerte difusión mediática que da, sin mayores reflexiones, por ajustada a derecho la prevaricante intervención judicial (prevaricato es el delito previsto en nuestro código penal cometido por un juez que resuelve o falla contrario a derecho, sabiendo que lo hace así y con intención de hacerlo).

En virtud de numerosos casos en Latinoamerica donde diversos gobiernos han denunciado este “enroque” entre los medios de comunicación y la Justicia para instalar (o “des”) un régimen, un grupo de juristas internacionales entre los que está el español y ex juez Baltasar Garzón, el abogado argentino Eduardo Barcesat, una relatora de la ONU y los abogados defensores de Julian Assange y Lula Da Silva han creado un «tribunal ético» para juzgar la violación de derechos humanos y el «Lawfare».

El tribunal, cuya sede está en Madrid, examinará casos de Argentina, como los de Cristina Fernandez de Kirchner o Julio de Vido, y también los de otros mandatarios como Lula Da Silva o Rafael Correa.

La sentencia de este tribunal ético se conocerá en noviembre del 2020 y entre los investigados destacan figuras del periodismo como Jorge Lanata y Luis Majul. Claudio Bonadío, el juez que imputó a Cristina Fernández de Kirchner, también será investigado por Garzón.

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