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Los legisladores de Vidal piden varios cambios al proyecto. Aseguran que el acuerdo está muy lejos.

Tras una jornada de largas reuniones entre legisladores y ministros de Axel Kicillof, la oposición decidió no bajar al recinto para tratar la ley impositiva y la negociación seguirá el viernes, cuando todas las partes vuelvan trabajar para introducir cambios en el texto.

Las primeras reuniones arrancaron por la mañana. Mientras los medios daban cuenta de los altos porcentajes de aumentos en algunos segmentos, el Ejecutivo enviaba a sus ministros a dar entrevistas negando que se trate de un tarifazo. Pasadas las 23 y lejos de un acuerdo se puso fin a la negociación para retomarla el viernes.

Por la tarde, los ministros Pablo López (Hacienda) y Cristian Girald (Agencia de Recaudación) arrancaban una ronda de diálogo con los legisladores para explicar el el proyecto y evaluar algunos cambios. Luego se sumaría a esas reuniones Carlos Bianco (Jefe de Gabinete).

Kicillof no puede dilatar demasiado la aprobación del proyecto de ley. La idea es que apenas aprobado sea publicado en el Boletín Oficial para que los nuevos porcentajes empiecen a regir a partir del primer día de enero. Según trascendió, si el viernes no se llega a un acuerdo, habrá otro intento el lunes.

El gobierno siempre estuvo abierto a la posibilidad de cambios. El problema es que los plazos que exigía el Ejecutivo no dejaba lugar a introducir esas modificaciones y votarlas en el recinto. En paralelo, los técnicos del ministerio de Hacienda y la Agencia de Recaudación evaluaban el impacto que tendrían cada modificación que proponía Juntos por el Cambio.

Las modificaciones que pide la oposición son varias y algunas demasiado técnicas. Entre ellas, se mencionan cambios en el esquema de topes segmentados. Desde la oposición se enfocan en el impacto que tendrá el Inmobiliario Rural, un sector afin a Juntos por el Cambio. También plantean cambios en Ingresos Brutos, puntualmente en el porcentaje de aumentos en medicamentos y los servicios profesionales.

Hasta casi la medianoche, Bianco y Girald negociaron modificaciones en el texto. Armaron bunker de trabajo en la vicepresidencia de la cámara, el despacho que ocupa el diputado Carlos ‘Cuto’ Moreno.

Desde la oposición aseguran que más allá de los tiempos, la negociación para modificar los artículos cuestionados «difícil y tensa».

El gobierno de Kicillof transitó la primera crisis de gobierno. La suba de impuestos ganó espacio en los medios y el Gobernador envió a sus ministros a aclarar que no se trataba de un impuestazo.

El gobierno envió la ley a la Legislatura el 24 por la tarde y presionó para aprobar el 26. La oposición aseguró que no había forma de analizar y discutir una ley impositiva en esos plazos.

En materia de inmobiliario urbano, el proyecto propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor el aumento será del 15%, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual será de hasta el 75%.

Según el gobierno, el 86% de las propiedades (3.843.187) recibirá un incremento menor a $3.500 durante todo el año que viene, pagaderos en cinco cuotas.

En el caso de los terrenos baldíos, el gobierno busca desincentivar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación. Por eso, la suba será del impuesto inmobiliario será del 90% en las propiedades de mayor valor fiscal.

Para el inmobiliario rural, también se fija una escala progresiva por valuación fiscal, que parte de un 15% para las propiedades de menor valor, pero llega hasta un 75% de aumento para los campos más grandes.

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