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Las nuevas autoridades sanitarias denuncian una deuda millonaria. Posibilidad de una auditoría. Médicos y una alerta por el nomenclador. Farmacias, kinesiólogos y otros profesionales, en pie de guerra.

Más allá de las discrepancias acerca del estado de la Provincia, la realidad del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) preocupa a afiliados, profesionales y autoridades.

La cifra de su deuda impacta, y salió de la boca del propio Daniel Gollan, flamante ministro de Salud: el rojo de la entidad asciende a 7.400 millones de pesos, casi 120 millones de dólares.

Ante esto, la cartera sanitaria tiene bajo estudio la posibilidad de realizar una “auditoría de corte”, para determinar el origen, cifra concreta y responsables de este oscuro panorama que ofrece la obra social provincial.

Gollan no tuvo pelos en la lengua para asegurar que “no es deuda del IOMA, hay que dejarlo bien claro”, y explicó que “los aportes de los trabajadores estatales se hicieron y fueron tomados por el Tesoro de la Provincia para fines que no sabemos cuáles son. La cuestión es que ese dinero que falta hoy es el dinero con el que se podría resolver toda la situación financiera del IOMA”.

El agujero económico de la principal obra social de la Provincia produce sistemáticos reclamos de parte de sectores que se suman a la fila de acreedores, como médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, clínicas y otros.

En el caso de los profesionales médicos, varias agremiaciones llevan adelante medidas de fuerza, con un tema de central importancia: el nomenclador, que data de seis décadas atrás y cuyo retraso pone en riesgo al destinatario central de las políticas, como son los usuarios.

El origen del conflicto hay que buscarlo hacia fines de 2018, cuando las organizaciones médicas acordaron con el extitular de la obra social, Pablo di Liscia, actualizar dicha herramienta, considerando que al eliminar burocracia y trámites significaría un ahorro que iría, con voluntad política, a mejorar los honorarios de las prácticas médicas. Y ahorrar a los usuarios tediosas jornadas frente a los mostradores de reclamos para que sus tratamientos sean aprobados por la vía de la excepción. Así se incrementaban en más del 40 por ciento la cantidad de prácticas médicas respecto del vigente.

En abril se firmó un acuerdo multilateral, señaló Carlos Figueroa, abogado de varias de las entidades médicas, quien precisó en agosto la fecha límite para su implementación. Nada de lo prometido por las autoridades de la gestión vidalista se cumplió , por lo que se pusieron en marcha medidas de fuerza. La respuesta de Di Liscia y su gente fue la denuncia del convenio, que pone hoy a las nuevas autoridades entre la espada y la pared.

De acuerdo a la ley, dicha denuncia implica que las partes deben mantener el statu quo hasta una fecha determinada, y ese límite finaliza el 31 de diciembre, tras lo cual, el IOMA dejaría de tener nomenclador y el caos sería de dimensiones insospechadas. Es por eso que las organizaciones, como la Agremiación Médica Platense, su par de Ensenada o la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (CEMIBO), mantuvieron ya contactos tanto con el ministro de Salud como con quien acaba de ocupar la presidencia del IOMA, Homero Giles.

El objetivo es prorrogar la vigencia del nomenclador por el término de 60 días, y abrir, de esa manera, un espacio de diálogo que permita hallar puntos de encuentro, esos que estuvieron ausentes en la gestión que acaba de finalizar.

Jorge Varallo: “El IOMA gasta mucho y mal”

El titular de la Agremiación Médica Platense (AMP), Jorge Varallo, recordó que tras los acuerdos firmados con la gestión saliente, “el IOMA terminó incumpliendo pagos, no generando eficiencia en la prestación. En el caso del nomenclador, en este momento está dejando la mitad de las prestaciones afuera”.

El dirigente de los profesionales de la salud indicó que “existe un exceso de costos, pagos que están por encima del mercado, por derivaciones que no deberían realizarse o de materiales que se utilizan, como prótesis, o incluso medicamentos”; y sentenció que “hace mucho tiempo que IOMA no solo gasta mucho, sino que gasta mal”.

Al momento de definir qué significa el nomenclador, Varallo dijo que es una “nómina de las prácticas que se codifican; la gran mayoría, hoy no están incluidas y tienen que autorizarse por excepción o con trámites burocráticos largúisimos, cuando un paciente con un problema serio debería ir de su casa a la práctica y vuelta a su casa, no a hacer trámites durante 40 días”.

“Hay cosas que se pagan más de lo que debería pagarse. Una de ellas son las derivaciones, donde se pagan cirugías como las de una hernia en Capital tres o cuatro veces más que lo que se pagan en La Plata, donde se hacen todos los días. Eso implica pagar viáticos y transporte”, explicó el titular de la AMP.

Acerca de los motivos que llevaron a esta situación reconoció la ausencia de una respuesta concreta: “Nosotros tuvimos la mejor buena voluntad, por eso estuvimos mucho tiempo negociando. Pero llegamos a un punto en que acordamos qué hacer y luego de 8 meses no se lo puso en práctica”. Y expresó su confianza en que la nueva gestión avance con el nuevo esquema.

Reclamo farmacéutico. Deuda millonaria en medicamentos

El sector farmacéutico, tampoco escapa a la crisis del IOMA, ya que la obra social acumula una cifra importante de deuda con los proveedores de medicamentos.

Así lo hizo saber a La Tecla la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Claudia Slezack, quien aseguró que “el IOMA mantiene una deuda con las farmacias de casi 750 millones de pesos, una cifra muy abultada y que pone en riesgo la estabilidad de las mismas”.

La dirigente señaló que “siempre, las deudas se fueron pagando, con más o menos retrasos, hasta que dejaron de pagar hace aproximadamente dos meses”.

Slezack también se refirió a las expectativas respecto de las nuevas autoridades que asumen el control del IOMA, expresando que “oficialmente no tenemos confirmación, nadie nos lo ha comunicado de manera oficial”.

“Nosotros siempre tuvimos la mejor disposición para el diálogo, y ahora no va a ser la excepción”.

Por otra parte aseguró: “Ese dinero que se nos adeuda tiene que estar en el IOMA, porque los fondos de la obra social salen de los aportes que realizan todos los meses los afiliados, no es que dependa de que se los dé el gobierno; así que no entendemos por qué suceden estas cosas, que nos adeuden esta cifra desde octubre o noviembre”.

En cuanto a la posibilidad de que se afecte la provisión de remedios, la dirigente del Colegio de Farmacéuticos dijo que “es una consecuencia que podría contemplarse, pero confiamos en que con diálogo se solucione”, puntualizando que existen faltantes en la actualidad, especialmente en medicamentos de tipo oncológico o para enfermedades crónicas, como la diabete

La gestión Di Liscia, en la mira. Los gremios acumulan denuncias por presuntas irregularidades

Sectores gremiales plantearon sus posiciones respecto de la realidad del IOMA, mencionando dudas en cuanto a la realización de auditorías, creando compras y suministros con sobreprecios.

En tal sentido, desde el Suptioma señalan que denunciaron a varios funcionarios, quienes habrían favorecido a empresarios y testaferros.

Por otra parte recordaron varias de las presentaciones judiciales que realizaron, que van desde la sospecha de aportes de fondos a la campaña política de Cambiemos hasta lo que consideran “la industria del amparo”, además de casos de recetas falsas y productos de dudoso origen.

También recordaron que más de 350 afiliados no recibieron los Módulos de Internaciones Domiciliarias, mientras que “el mobiliario lo cambiaron cuatro veces en dos años, con sobreprecios”, junto con alquileres que triplican los valores de mercado.

Los representantes gremiales indicaron la presencia de hechos de internaciones dobles, resonados casos de recetas falsas (incluido el robo de sellos) y la gran cantidad de carnets de afiliados apócrifos.

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