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El gobierno había pedido un plazo mayor para analizar la propuesta de la familia Macri pero la Corte rechazó intervenir.

La Corte Suprema rechazó por unanimidad intervenir en la causa y otorgarle un plazo mayor al Gobierno para que analice la oferta de la familia Macri por su deuda con el Estado por el Correo Argentino. Además hubo un reto a la Cámara Comercial por haber concedido un recurso cuando no correspondía. El gobierno deberá decidir si acepta o no la propuesta en los próximos días.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, había solicitado una prórroga de 120 días para analizar la oferta de la familia Macri para pagar los 300 millones de dólares que le adeudaba al estado por el canon del Correo.

Un mes atrás la Cámara comercial rechazó el pedido de prórroga del gobierno, le otorgó un plazo extraordinario de 15 días para que aceptara o no la oferta de la familia presidencial, pero al mismo tiempo habilitó que el caso pasara a la Corte.

El plazo para analizar la oferta venció el 3 de septiembre.

La Corte consideró que no existe un «caso federal» que posibilite su intervención. Para el supremo tribunal, la Sala B de la Cámara Comercial no analizó correctamente «si tal apelación -prima facie valorada-satisface todos los recaudos formales y sustanciales que condicionan su admisibilidad y, entre ellos, la presencia de una cuestión federal».

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«Se declara mal concedido el recurso. Devuélvanse las actuaciones al tribunal de grado para que se prosiga con su trámite», dispuso la Corte.

La Cámara Federal había rechazado en agosto pasado un planteo para cerrar la investigación contra Oscar Aguad y otros funcionarios nacionales. La pesquisa busca determinar si el acuerdo al que había llegado el Estado con la familia Macri iba en contra a los intereses del tesoro.

Además del ministro de Defensa la justicia investiga al presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher, Juan Manuel Mocoroa por haber suscripto un acuerdo que licuaba la deuda del Grupo Macri.

Ese convenio fue denunciado por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín, quien aseguró que de efectivizarse resultaría ruinoso para el estado argentino. Según la funcionaria el acuerdo preveía una quinta de más del 98% del dinero adeudado por la familia Macri.

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