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Un hombre de Agroindustria aprobó fondos por $4 millones a una compañía de la que fue vicepresidente. Su descargo.

En el primer piso del anexo Jardín de la Secretaría de Agroindustria de la Nación hay un funcionario que está ambos lados del mostrador. Aprueba millonarias sumas de dinero del Estado que terminan en las cuentas bancarias de su propia empresa familiar.

Se trata de Nicolás Laharrague, actual director nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, que durante su primer año de gestión, en 2018, giró mediante un plan de subsidios un total de $ 4.018.970, 20 a la empresa Puerto Laharrague SA, una compañía de la que fue vicepresidente en la provincia de Misiones y que se dedica a la explotación forestal.

En enero de 2018, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, eligió a Laharrague para su actual cargo.

Si bien el nuevo funcionario había renunciado a la empresa Puerto Laharrague SA en noviembre de 2017, cuando se conoció su designación, los que quedaron a cargo son cuatro familiares directos suyos.

Según el Acta de Asamblea y de Directorio con fecha 24 de noviembre de 2017, actualmente el presidente es su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, el vicepresidente es su hermano, Pablo León Laharrague, y los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel Laharrague, prima del funcionario.

Además, estos mismos familiares son los dueños de las otras empresas a las que renunció Laharrague antes de asumir a la función pública: El Moconá SA, que se dedica a la explotación forestal y turística, Laharrague Chodorge SA, una sociedad que produce hojas de madera enchapadas, y Mirasoles SA, una empresa agropecuaria.

La trama. El mecanismo que utilizó Laharrague para enviarle más de 4 millones de pesos a sus familiares se relaciona con la Ley 25.080 de Promoción Forestal. Esta normativa, creada en 1999 y que a principio de 2019 tuvo una prórroga de diez años más, promociona la actividad maderera con el pago de subsidios -que no se devuelven- del 80% del costo de la actividad y de beneficios fiscales, que van desde la devolución del IVA hasta la reducción del pago de Impuesto a las Ganancias.

El Equipo de Investigación hizo un relevamiento para NOTICIAS de las resoluciones de pago de la Ley de Promoción Forestal durante 2018 y la empresa Puerto Laharrague SA fue beneficiada en tres oportunidades hasta llegar a los $ 4.018.970,20. Ese mismo año, en la Secretaría de Agroindustria se despidieron a más de 900 empleados, algunos de los cuales respondían al mismo Laharrague. Además, durante 2017 -antes de que sea funcionario- Puerto Laharrague SA había recibido otros $ 5.149.266,29 por esta misma normativa.

Ante la pregunta de si hay un conflicto de intereses durante su gestión por el envío de una suma millonaria a su familia, Laharrague niega las acusaciones. “La empresa siempre tuvo una estructura familiar. Y antes de entrar a la función pública renuncié a todos mi cargos en Puerto Laharrague SA. Es una empresa familiar de más de cien años. Y el régimen es transparente, los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad”, se excusa.

—Pero usted es quien dirige las partidas de dinero —le señala el periodista.
—Quien paga —responde Laharrague— es la Tesorería General de La Nación. Yo no firmo las resoluciones, lo hace el secretario. Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley de Promoción Forestal. Después se le entrega una remesa a la Secretaría de Agroindustria para que la Tesorería pague.
—¿Qué función cumplía en Puerto Laharrague SA?
—Mi participación en la empresa era a nivel político. Ayudaba al sector y a la cámara forestal.
—Precisamente usted fue el presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) por el Noreste y de los $ 234 millones de subsidios que se pagaron el año pasado, $ 177 millones fueron para, además de su empresa, los mayores productores del país, integrantes del directorio de AFOA como Papel Prensa, Arauco y Zeni. ¿No existe también un conflicto de intereses?
—No sé qué conflicto pueda haber, ¿quién del sector forestal no participa en alguna cámara? Son los mayores beneficiarios porque son los que más forestan.
—¿Piensa volver a trabajar en las empresas familiares cuando termine su gestión pública?
—Tendría que ver. Primero me voy a tomar unas buenas vacaciones.
—El Gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal y ahorrar dinero, ¿no le hubiera parecido un buen gesto que su propia empresa no reciba 4 millones de pesos?
—Puede ser… Hay que cuidar los recursos del Estado.

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