viernes, abril 19, 2024

Nacionales, Política

PROVINCIA: Diputados aprobó adhesión a la «ley Micaela» en la primera sesión del año

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La obligatoriedad de realizar capacitaciones en género en todas las áreas del Estado obtuvo el acompañamiento de todos los bloques y fue girada al Senado.

Además, se avanzó en la aprobación de un proyecto que busca disminuir los índices de los delitos que se cometen desde motocicletas, y se introdujeron cambios en la ley de Lengua de Señas Argentina.

El proyecto de adhesión a la Ley Nacional que crea un Programa de Capacitación Institucional contra la violencia de género fue aprobado como primer tema en la Cámara de Diputados.

La propuesta, que fue apoyada por todos los bloques, se constituyó a partir de la unificación de los proyectos presentados por las diputadas Marisol Merquel, Maricel Etchecoin Moro, Patricia Cubría, Rocío Giaccone y Lucía Portos, y el diputado Ruben Eslaiman.

El programa fue bautizado como “Ley Micaela”, en homenaje a la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche en Gualeguay en el año 2017 por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.

Durante su exposición, la diputada de Cambiemos Maricel Etchecoin Moro hizo foco en la lucha que miles de mujeres llevan adelante desde hace años en la búsqueda por mayor igualdad: “Este Recinto no mira al costado, si no que toma uno de los temas que a nosotras tanto nos afecta. Muere una mujer cada 30 horas. Que tratemos la adhesión a esta ley nacional significa que nos importa, que nos importamos”.

En tanto, Lucía Portos, diputada de Unidad Ciudadana, remarcó que “llevamos 50 femicidios en la Argentina en lo que va del año, eso habla de una situación que nos pone a todos en un lugar de responsabilidad y deber”. Y agregó: “Tenemos la obligación de mirar a la cara a todos los ciudadanos de la provincia y decirles que esto es un principio de solución”.

Para finalizar, la diputada Valeria Arata, del Frente Renovador, reivindicó la lucha de las mujeres: “Debemos seguir unidas buscando políticas públicas que nos contengan, que contengan a nuestras compañeras y las empodere para seguir denunciando”.

Además, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley del diputado Matías Ranzini que busca disminuir los índices de los delitos que se cometen desde motocicletas.

La norma establece que será obligatorio el uso del casco con identificación de la patente del rodado para el conductor y el acompañante, entre otros requerimientos.

En este sentido, Ranzini aseguró que “esta preocupación de los vecinos tiene que encontrar eco en nosotros los legisladores, para pasar de la preocupación a la ocupación”.

En tanto, el diputado del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez se refirió al proyecto y explicó: «No existe una sola solución, la seguridad es dinámica, cambia. Entendemos que el objeto del proyecto está muy bien, porque tiende a interceptar en forma anticipatoria un medio comisivo».

Por otra parte, la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la normativa que tiene por objeto la remoción de barreras comunicacionales a fin de conseguir la equiparación de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas en el ámbito de la provincia.

De prosperar su aprobación en el Senado, de ahora en más, el Registro de Intérpretes de Lengua de Señas Argentina tendrá como funciones reglamentar y establecer los requisitos para la inscripción de los profesionales que se postulen, así como también mantener actualizada su base de datos y permitir su acceso a instituciones públicas y privadas.

Además, dispone que toda dependencia oficial y empresas deberán promover la capacitación de sus empleados en Lengua de Señas Argentina.  Así como también, la obligatoriedad de garantizar la presencia de un intérprete en actos de carácter oficial.

Por último, también obtuvieron su aprobación en Diputados y continúan su tratamiento en el Senado un proyecto del diputado Ricardo Lissalde que pone límites a las reelecciones indefinidas en los colegios profesionales, y una propuesta de la diputada Vanesa Zuccari, que crea el Registro Único Público y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos.