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La investigación se vincula con el pago de una “coima” que presuntamente recibió Porcaro de Sitio 0.

El caso llevado adelante por el juez Bibel, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, cuenta con la intervención del fiscal federal marplatense Nicolás Czisik.

Es una de las causas vinculadas con la llamada “ruta del dinero K”, por la que se investiga al empresario Lázaro Baez.

Incautan dinero

El juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, incautó una importante suma de dinero de una caja de seguridad de Roberto Porcaro.

Fue en la sucursal centro del Banco Nación, en el marco de la investigación por el delito de “cohecho y tráfico de Influencias”.

Sitio 0 es la empresa que habría entregado la coima al operador kirchnerista, Roberto Porcaro, ya que es la firma que se instaló en Puerto Quequén.

De la causa surge que Bibel contaría con “motivos de sospecha suficientes como para presumir que 12 personas habrían participado en el hecho”.

Concesión en la mira

Así se otorgó el día 14 de febrero de 2013 la concesión en forma directa de un espacio en el puerto de Quequén, para la construcción de un elevador de granos por el plazo de 35 años”, que pertenece a Sitio 0.

Al respecto se añade que la concesión se otorgó “sin proceso licitatorio alguno”, e “incumpliendo requisitos previstos por el reglamento”del consorcio portuario para contratar en forma directa a una sociedad anónima que se denominó Sitio 0 de Quequén”. El ente portuario en ese entonces tenía como presidente a José Luis De Gregorio.

En la causa se menciona, precisamente, al titular del consorcio portuario, señalando que tanto él como “varios de sus integrantes obraron sin transparencia e interesándose particularmente en un negocio para beneficio de particulares”. 

En la causa a cargo del juez Bibel se hace mención a “una persona de sexo masculino, que obtuvo un beneficio patrimonial compensatorio mediante una operación bursátil superior a los 70.000 dólares, en la que obró como agente de bolsa la firma Financial Net S.A.

Ello habría acontecido el 27 de diciembre de 2012 mediante una operación bursátil de compra y venta intradiaria, que involucró 1.000.000de bonos que tenía en su poder la denominada empresa Financial Net S.A.  , transfiriéndose los mismos a la cuenta Nº695/1251 de titularidad conjunta de Roberto Florentino Porcaro y su cónyuge  Patricia Sirvente”.

También se señala que “los integrantes del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén  intervinientes en el acto licitatorio privado, contrario a los intereses del Estado -mediando influencias indebidas-, a través de dicho proceder, habrían cometido fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos al concesionar el uso de recursos públicos en forma directa, eludiendo la posibilidad de que se concretarán mejores ofertas para el uso de dicho espacio público a través de un proceso licitatorio previo que no se registra intentado y /o fracasado”.

Causa 

La mayoría de estas conclusiones surgen del avance de la investigación de la causa que lleva el número 3017/17 que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Sebastián Casanello, permitiendo que se formulen las imputaciones.

Estas actuaciones tuvieron su origen en la denuncia efectuada por el fiscal José María Campagnoli, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 42, en el marco de la causa número 26131/2013 caratulada “Báez, Lázaro y otros s/extorsión”.

En ese marco se investiga el pago un millón de dólares que habría recibido Roberto Porcaro en Bonar VII, bonos del gobierno nacional, como contraprestación por sus gestiones para que el 14 de febrero de 2013 el consorcio portuario adjudicara de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de la terminal de granos por valor de U$S 60.000.000 y su explotación como concesionario por el término de 35 años, prorrogables por diez más.

Convocatoria de más imputados

De la forma en que se ha ido llevando adelante la causa, se estaría en condiciones de convocar a los imputados para que presten declaración indagatoria.

Posteriormente el juez debería determinar si la causa se eleva a juicio. Las personas vinculadas con esta causa ya tienen conocimiento de ello: ya fueron notificadas de estos pasos.

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