Por Horacio Castelli
El IOMA es una obra social que tiene como rehenes a los empleados públicos bonaerenses y encima ha dispuesto ahora que pueden tener 6 atenciones anuales gratuitas por año.
Una medida vergonzosa, sumado a lo ilegal que significa, que un trabajador no pueda elegir su propia obra social, y que todos los meses le descuenten un gran porcentaje del sueldo.
A pesar de todas estas prerrogativas, el IOMA es una obra social quebrada, que brinda muy mala atención, históricamente ha servido como receptáculos de amigos de la política, se han realizado denuncias constantes y la justicia avanza muy lentamente.
Esta información que se dio a conocer durante la semana pasada, pegó muy fuerte en sectores muy vulnerables que necesitan de la atención médica permanente y que ahora se verán obligados a pagar para ser atendidos, además de que le descuenten plata del salario.
Es claro que no todos los afiliados a una obra social la utilizan de la misma manera y con la misma regularidad, por lo cuál aquellas atenciones que no se utilizan adonde van? Quiénes se benefician con ellas? Por qué siempre el perjudicado es el asalariado?
No tiene lógica esta medida, porque sino, no tiene sentido la existencia de una obra social.
Una definición de un especialista: Garay, Oscar Ernesto. Abogado, UBA. Magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, indica que:
Las obras sociales son “organizaciones de la seguridad social, financiadas mediante el aporte y la contribución obligatorios, de trabajadores y empleadores –respectivamente–, sujetas a contralor estatal e integradas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, cuyos fines son la prestación de servicios de salud y sociales a los beneficiarios, los que tienen la opción de elegir afiliarse a la Entidad que le ha de prestar esos servicios”. El concepto busca abarcar las características fundamentales de las denominadas obras sociales. Así tenemos las siguientes notas características que surgen de la noción dada.
Por otra parte se indica que El “Seguro de Salud” fue creado por la ley 23.661. Tiene como “objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mejor tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva” (art. 2º, ley 23.661).
Los trabajadores necesitan tener la tranquilidad que su salud no será objeto de ajuste alguno, que puede tener la seguridad que establecen las leyes vigentes y que ningún político puede utilizar la mirada economicista sobre un derecho que está establecido y respetado por la Constitución Nacional.
Esperemos que esta aberración se deje sin efecto y que el responsable de proponer este disparate sea removido de su cargo, porque es una persona peligrosa para la salud pública y para los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
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