viernes, marzo 29, 2024

Generales, Nacionales

GOBIERNO: Paquete de leyes de María Eugenia Vidal

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El Poder Ejecutivo envía a la Legislatura Proyecto de Ley de Ministerios, deroga jubilaciones de privilegio y propone un paquete de leyes para un ajuste de la política

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires enviará en las próximas horas a la Legislatura una nueva Ley de ministerios y un paquete de Leyes -entre las que se encuentra la eliminación de las Jubilaciones de Privilegio- que tiene como objetivo el ajuste del gasto político y el fin de las inequidades.

El paquete de leyes tiene como objetivo corregir inequidades y es por eso que estas grandes reformas buscan terminar con privilegios. Esto permitirá que mucho dinero que se utiliza para gastos corrientes de la política vuelva a los bonaerenses, con inversión en obras, en garantizar la presencia del Estado donde más se lo necesita, o en aumentar la seguridad de los barrios.

El paquete de leyes del gobierno de María Eugenia Vidal contempla: la adhesión a la Ley Nacional de ART; la derogación de jubilaciones de privilegio: la modificación del régimen especial del Banco Provincia, la creación del Sistema Estadístico Provincial; el Régimen de Declaraciones Juradas; una nueva metodología valuatoria para urbanizaciones cerradas; la modificación del articulo 14 de la ley 13.713; una reforma del Código Fiscal; la prórroga de la Emergencia en Seguridad; la modificación del Procedimiento de Apremio y la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

La nueva Ley de ministerios es el marco normativo general para los decretos que se emitirán estableciendo las nuevas estructuras en las que se contemplan la eliminación de 221 cargos políticos. En la misma se detalla las funciones de cada uno de los ministerios de la administración y contempla la creación de un nuevo organismo que tendrá como función la urbanización de villas: el Organismo Provincial de Integración Barrial que dependerá de la Jefatura de Gabinete.

El objetivo del Ejecutivo es reducir la administración central, luego de que se detectaran superposiciones en unidades subministeriales y que algunas dependencias no realizaran tareas directamente alineadas con los objetivos estratégicos y el legado del Gobierno. Se eliminan 14 subsecretarias, 82 Direcciones Provinciales y 125 Direcciones de Línea.

De una estructura actual de 990 unidades, se eliminarán 221 cargos, lo que permitirá un ahorro de 600 millones de pesos anuales, que se sumarán a otros 2.500 millones de pesos que ya fueron eliminados del presupuesto por la Legislatura para el 2018.

Si la iniciativa es aprobada por el Poder Legislativo provincial, el gabinete bonaerense quedará integrado por catorce ministerios y cuatro secretarías del Poder Ejecutivo con rango ministerial y la Dirección General de Cultura y Educación.

Se propone la armonización de los parámetros previsionales de los regímenes especiales, eliminando privilegios en las jubilaciones.

Respecto al régimen previsional del Banco Provincia, se busca hacer sustentable el régimen previsional especial que es deficitario y cuya deuda cubren todos los bonaerenses.

En materia de jubilaciones de privilegio, hoy ex gobernadores, vices y los Legisladores tienen un régimen previsional especial, y gozan de ciertos de privilegios como la menor edad mínima jubilatoria, la mayor tasa de sustitución y los menores años de servicio. Se propone su eliminación por ser injustos con el resto de los bonaerenses.

Por otra parte, el Ejecutivo envió un régimen de declaraciones juradas que promueve tener una herramienta estable y perdurable que permite a los ciudadanos bonaerenses afianzar la confianza en sus funcionarios. Es de alcance obligatorio para el Poder Legislativo y todo el Sector Público Provincial.

Podrán adherir a la normativa los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo municipal, y de forma voluntaria, los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.