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El gobierno de México y la cúpula empresaria privada prevén lanzar un plan para generar empleos suficientes en el país para quienes sean expulsados por la futura administración del presidente electo estadounidense Donald Trump.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, anunció un convenio de cooperación que contempla realizar un esfuerzo urgente ante la situación apremiante generada por el resultado de la elección en Estados Unidos.

«Se busca generar una agenda compartida con la que vamos a atender esta circunstancia de coyuntura, que evidentemente marca un camino por el cual tenemos que actuar, manteniendo la seguridad y certeza», indicó.

Sin embargo, este plan enfrenta un enorme escepticismo entre especialistas y legisladores de oposición, que consideran que México está poco preparado para una nueva oleada de expulsiones que podría generar una crisis humanitaria.

«No tenemos la capacidad de emplear a los jóvenes», dijo Jorge López, diputado del Partido Acción Nacional (PAN, derecha), de la comisión de Asuntos Migratorios.

«Es muy complicado hablar de que en este momento se pueda ofrecer la reinserción laboral a los compatriotas, porque no se cuenta con una política económica que permita generar oportunidades», afirmó.

Se calcula que de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos unos cuatro millones trabajan y son indocumentados. Si todos ellos fueran deportados a México, lo más probable es que se sumen al ejército de dos millones de mexicanos que ya están cesantes, de acuerdo a cifras oficiales, por lo que la cifra del paro crecería dos veces más.

Trump prometió durante su campaña expulsar a 11 millones de indocumentados mexicanos que se calcula viven en Estados Unidos, aunque su equipo de trabajo matizó este compromiso luego del triunfo del magnate de la construcción y señaló que podrían ser deportados sólo aquellos que tengan antecedentes criminales.

Sin embargo, expertos y dirigentes de organizaciones de la comunidad latina calculan que las deportaciones podrían hasta duplicar la cifra de expulsiones registrada en los 8 años de la gestión del presidente Barack Obama, que ascendió a 2,7 millones.

La perspectiva aterradora para los mexicanos residentes en Estados Unidos, que fueron acusados por Trump como «criminales y violadores», sobre la inminente expulsión de hecho impulsó desde el martes los precios de las acciones de empresas de seguridad que construyen cárceles privadas en el país vecino.

La causa es que algunos especialistas temen que a estos centros sean trasladados masivamente los mexicanos antes de ser deportados a su país.

Castañón dijo que ya desde antes de las elecciones en Estados Unidos se comenzó a diseñar una estrategia entre los empresarios privados y el gobierno pero que ahora «es importante acelerarlo».

«Es para darle la bienvenida a mexicanos que tomaban la decisión de regresar y que son personas bilingües, con preparación y que pueden aportar a las empresas mexicanas su propia competitividad», afirmó.

Actualmente, según denuncias en la prensa, muchos de los mexicanos que han sido deportados durante la administración Obama, sólo han podido hallar empleo en empresas de servicios telefónicos al cliente, los llamados «call centers», donde los salarios son bajos y rigen condiciones de precarización laboral.

Las cifras sobre el número real de indocumentados no son muy precisas. El Pew Research Center de Estados Unidos estima que hasta el 2014 había 11,1 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de los cuales 5,8 millones eran mexicanas.

El reporte, difundido en septiembre pasado, precisa que de los 8,1 millones que trabajaban en la construcción y los servicios, al menos la mitad eran mexicanos.

La calificadora Standard and Poor’s señala que México, con una economía en desaceleración, no es capaz de generar más empleos con seguridad social, por lo que considera que no sería capaz de afrontar la llegada en avalancha de tres o cuatro millones de personas sin trabajo. (ANSA).

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