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En las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor no confirmado de que el equipo económico de Sergio Massa con Marcos Lavagna a la cabeza iniciaría una investigación por lavado de dinero al empresario necochense Guillermo Martínez.

No trascendieron cuáles son los datos que tiene el bloque de diputados del massismo para decidir iniciar esta fuerte investigación en nuestro distrito pero sí que estaría en marcha y que las pruebas son contundentes.

Unos días antes de dar de baja de manera unilateral el contrato por la recolección de residuos, vecinos de Av. 59 y 68 se sorprendieron ante un impresionante operativo policial alrededor de un camión recolector de la empresa Relisa.

En un principio se sospechó que sus ocupantes habían sido víctimas de algún ilícito, pero resultó ser un secuestro por falta de pago del rodado.

La oficial de justicia María Teresa González por disposición del Juzgado Civil Nº1 del Departamento Judicial de Necochea, procedió al secuestro de la unidad.

En diciembre del año pasado, el intendente Facundo López inauguró su cargo con una huelga de los recolectores domiciliarios. Con apenas 24 horas al frente del Municipio, enfrentó un paro provocado por cuatro meses de incumplimientos de pago por parte de su antecesor.

Cuando se celebró la sesión en la que se debatió el pliego de la recolección de residuos, López, entonces presidente del bloque del Frente Renovador no acompañó la propuesta y el tiempo le dio la razón.

Su argumento fue que «el presupuesto es de casi 1.100 millones de pesos para los 12 años, lo que involucra alrededor de 85 millones de pesos al año y en la actualidad el municipio está pagando 50 millones, lo que significa un aumento de cerca de 35 millones y consideramos que la Municipalidad no está en condiciones económicas de afrontar ese incremento en el servicio, y acá nadie lo ha planteado”.

En el debate, resaltó que «también el sueldo de los trabajadores dependerá de que el municipio pague y es una realidad que si hoy tenemos que pedirle ayuda al vecino para afrontar esos 35 millones de más que hay que abonar, estaríamos hablando de 2.000 pesos más, por lo que nos vamos a abstener porque consideramos que es mucho el incremento y no se podría afrontar”.

En la última sesión ordinaria el HCD pasó a comisión un proyecto de Ordenanza que sugería que se cambiara uno de los índices usados en la fórmula que actualiza el monto a pagar por cuadra cada tres meses.

Los concejales estaban un poco confundidos acerca de qué índice utilizar para otorgarle un aumento a la empresa. No sabían si basarse el Indec o  el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, recomendado por el mismo Ministerio de Economía, propuesto por la ordenanza.

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