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La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es el organismo de control que dirige la tarea de los Fiscales, que son los encargados de investigar los delitos que se cometen en el distrito. Si al frente del Ministerio Público no hay una persona idónea todo el sistema funciona mal. 

Si no se respetan los procesos legales de selección de cargos o se eligen a dedo funcionarios judiciales, o si desde la Procuración General se cajonean u obstaculizan denuncias en connivencia con el poder político, lo que en realidad se consigue es una organización dedicada a procurar impunidad.

¿Por qué la Justicia Bonaerense funciona tan mal? La Procuradora General Dra. Maria del Carmen Falbo ha acumulado una serie de denuncias que nada tienen que ver con la persecución ideológica ni con el cambio de gobierno.

Hace doce años que desempeña esta función después de haber sido Presidenta del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes (1992/95), Subsecretaria y Secretaria de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación del Dr. Eduardo Duhalde (1995-99) y posteriormente Diputada Nacional por el duhaldismo.

El Caso Novo abrió la polémica. El Fiscal General de San Isidro Dr. Julio Novo fue suspendido y enfrenta juicio político por presunto encubrimiento de una red de narcotráfico internacional involucrada en el asesinato de dos ciudadanos colombianos en el centro comercial Unicenter ocurrido el 24/7/2008 y en el escándalo del narcojeten el que fueron detenidos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá el 2/1/2011 con casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto de El Prat, Barcelona.

La procuradora Maria del Carmen Falbo ha sido acusada por un grupo de fiscales de San Isidro de proteger a Julio Novo archivando denuncias de sus subordinados desde el año 2009.

La triple fuga de presos del Penal Nº 30 de General Alvear que conmocionó Argentina durante los últimos días del año 2015 puso nuevamente en la mira a la Procuradora General. En esa oportunidad su sospechosa inacción y supuestos intentos de frenar allanamientos para entorpecer la investigación de la fuga, determinaron la solicitud de intervención de la Justicia Federal.

Los criminales que habían sido condenados a cadena perpetua por tres homicidios en relación con el tráfico de efedrina finalmente fueron detenidos el 9 y 11/1/2016.

En los primeros días del año en curso la Procuradora General fue denunciada por el abogado penalista José María López.

Falbo y otros habrían incurrido en un inexistente contralor del sistema carcelario y serían cómplices del delito de encubrimiento de la fuga de 119 presos de distintas unidades de la provincia. La denuncia también involucra al Secretario de Política Criminal Homero Alonso, al Juez de Garantías de la ciudad de La Plata César Melazo y al ex Ministro de Justicia provincial Ricardo Casal.

“Tengo más de 20 denuncias contra ella que están paradas por la instrucción que reciben los fiscales de su parte de no avanzar con las mismas. ¿Cómo hace un fiscal para investigarla cuando es un empleado a cargo de ella?, ya que los fiscales son empleados de la Procuradora: ella los nombra, los asciende o desciende. Es todo una gran incongruencia” (11/1/2016) destacó el Dr. López en declaraciones al Diario Hoyde la ciudad de La Plata.

El pasado 4/2/2016 un grupo de profesionales letrados que habían participado en el concurso de selección para cubrir cargos jerárquicos en la Policía Judicial presentaron una acción de amparo contra la Procuración General. Responsabilizan a Falbo de no respetar el proceso legal de presentaciones y digitar la designación de cargos (La Plata, ANDigital).

El 2/3/2016 el fiscal platense Leandro Heredia denunció a la Procuradora tras haber sido extorsionado por el Subsecretario de Policía Judicial Pablo Farías, para que abandone su cargo. “Mediante amenazas me sugirió que debía renunciar a mi cargo de Fiscal por que sino me iba a ir muy mal“ (LaTecla.info 2/3/2016) declaró el fiscal Heredia.

No obstante Falbo, ex abogada de Aníbal Fernández cuando fue acusado en 1994/95 por administración fraudulenta en la Intendencia de Quilmes, ha recibido el apoyo de los Jefes de los Fiscales de casi veinte provincias que ponderan su gestión reconociéndole un indiscutido prestigio profesional. MGB 7/3/2016. LA GACETA

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